Una decena de dirigentes de la Unión Nacional de Educadores, UNE, y estudiantes de la Juventud Revolucionaria del Ecuador (vinculada al antiguo Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, conocido como MPD), bloquearon esta mañana el puente de la Unidad Nacional, en Guayaquil.
Estas medidas se realizan a más de 20 días del inicio de la huelga de hambre de varios maestros en once provincias.
Los maestros indicaron que esta acción se mantendrá hasta que la Corte Constitucional ratifique la vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que fue suspendida el 20 de mayo, según dirigentes.
“Reintegra a docentes despedidos en el contexto de la pandemia, así como también restituye las tres categorías al escalafón docente que fueron eliminadas de la escala salarial del magisterio en el 2015 y exige que se cumpla con la equiparación salarial de los educadores establecido por el Ministerio del Trabajo, por lo tanto no se trata de aumento en la remuneración sino de cumplimiento de una normativa que se aplicó a todos los servidores públicos menos a los profesores”, dice el comunicado.
En otros puntos de la provincia del Guayas también hay manifestaciones como en el cantón Milagro. Ahí padres de familia, campesinos y maestros cerraron el puente a la altura del Ingenio Valdés como muestra de solidaridad con los docentes en huelga de hambre.
Salario de profesores, de 800 a mil dólares
Las reformas que se encuentran en estudio en la Corte Constitucional desde el 20 de mayo de 2021, y cuya vigencia defiende la UNE, fueron aprobadas por la Asamblea presidida por César Litardo, y fueron publicadas en el Registro Civil en abril de 2021. Entre las reformas, se establece que el sueldo de un maestro arrancará en 2,5 salarios básicos unificados, equivalentes a mil dólares. Actualmente el salario básico de un maestro es de US$800,oo. La reforma también eleva la remuneración por categorías y se permite una jubilación más flexible.
Tras ser aprobada por el Presidente Lenín Moreno, su propio ministro de Economía, Mauricio Pozo, dijo que para cubrir el incremento salarial que plantea la ley, se requieren US$3.000 millones de ingresos permanentes, y que al no existir los recursos para ello, la ley sería inconstitucional.
Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), opinó que la ley desestabiliza las finanzas públicas de manera desproporcionada, y es contraria a la Constitución que dice que en su artículo 287: “Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente”.
Y que además presiona aún más a la ya quebrada Seguridad Social, porque en su opinión, esta no resiste un sistema con jubilaciones más tempranas.
