Guayaquil, Ecuador
El exitoso programa de vacunación que lleva adelante el gobierno de Guillermo Lasso –que no ha sido reconocido ni por un minuto por la oposición–.
Los efectos positivos que su elección ha provocado en los mercados internacionales –de lo cual depende el riesgo país y, en consecuencia, la tasa de interés–.
La decisión de reducir sustancialmente los aranceles en una serie de productos básicos para industria –y su efecto en la reactivación económica y fomento del empleo–.
Su decisión de conducir una política exterior al servicio de los intereses y necesidades nacionales en vez de someterla a los mandatos de las dictaduras cubana y venezolana –como lo evidencia el declarado interés por un acuerdo comercial bilateral tanto con China como con los Estados Unidos o su decisión de regresar el Ecuador al Ciadi–.
Su resolución de enrumbar la política petrolera hacia la consecución de ambiciosos objetivos.
En fin, el alto nivel de popularidad que ha alcanzado en menos de tres meses –probablemente el más alto en la reciente historia–, todo ello ha puesto en alerta a muchos sectores que no han hecho del fracaso del presente gobierno su principal objetivo.
En otras palabras, el pecado de Lasso es su buena gestión en poco tiempo.
Su ‘error’ es haber gobernado hasta ahora con relativo éxito de acuerdo con lo ofrecido en su campaña y haberlo hecho a espaldas de lo que haga o diga la Asamblea Nacional, su ‘equivocación’ es no haber cedido a los chantajes de sus integrantes, su ‘falta’ es haberlos más bien ignorado.
La legislatura se ha encargado ella sola de acelerar su desprestigio a los ojos del público, a pesar de los esfuerzos que hacen algunos de sus miembros por evitar ese deterioro. El reciente voto de respaldo que recibió una asambleísta de Pachakutik por su ya famoso discurso invitando a sus compañeros a que “roben, pero roben bien…”, no es sino un ejemplo, y no el único, de ese deterioro acelerado en que se encuentra la Asamblea Nacional.
Pero la legislatura no es el único poder del Estado en rápido proceso de descomposición. El poder judicial está en peor situación. Lo sucedido con el caso Yunda es apenas un pálido reflejo de las estructuras correístas incrustadas en los niveles de primera y segunda instancia del sistema, con las excepciones de siempre.
La ciudadanía sufre la corrupción judicial a diario. Un juez que en nombre de la Constitución ignora precisamente la Constitución, no debería solamente dejar de ser juez sino perder definitivamente la autorización para el ejercicio profesional. Eso sucede en la mayoría de los países del mundo. Pero no en el Ecuador. En nuestro país el ejercicio profesional de la abogacía está regulado por la ley de la selva. Es decir, no hay reglas de responsabilidad. Y las pocas que existen son ridículas y no se aplican.
Los abogados compran y venden a la justicia como papas en un mercado. Las medidas cautelares constitucionales se dictan como un atajo para resolver simplemente disputas comerciales o de otro género, pero no para proteger derechos constitucionales.
Y ahora viene el Sr. Iza a decirnos que si el gobierno no hace lo que él desea, va nuevamente a incendiar la capital. ¿Ya pagaron los daños de octubre de 2019? ¿Están los intereses del narcotráfico, del terrorismo y del contrabando por encima de los intereses del país? (O)
