Guayaquil, Ecuador
La resistencia a eliminar los subsidios de los combustibles, en especial del diésel, no solo es la respuesta de grupos de poder que ven en esa eliminación una merma a sus beneficios. Hay detrás de esta resistencia una actitud cultural que atraviesa a toda la sociedad ecuatoriana.
Los detractores de la eliminación de estos subsidios saben que, a los ecuatorianos, en general y por tradición, poco o nada les importa el destino de los dineros públicos. Como sociedad nos hemos acostumbrado a tal punto a vivir subsidiados que pasivamente terminamos aceptando o transigiendo cuando uno de estos grupos defiende sus privilegios.
El gobierno de Lasso, o cualquier otro gobierno, que se proponga poner en orden las cuentas fiscales se enfrenta a murallas de contubernio cultural gigantescas.
Se ha demostrado hasta la saciedad que en el caso del diésel los grandes beneficiarios de ese subsidio –subsidio que lo pagamos todos los ecuatorianos– son el narcotráfico, el contrabando (especialmente mar afuera) y ciertos industriales. Y en general el subsidio a los combustibles beneficia básicamente a los grupos de mayores ingresos económicos.
En los últimos años, buena parte del movimiento indígena se ha prestado para defender a estos grupos de poder, inclusive a sabiendas que un combustible subsidiado fomenta su utilización irracional con efectos adversos al medioambiente que tanto dicen defender.
No se trata de si la eliminación del subsidio al diésel afectará o no el consumo de drogas. Ese no es el punto. El punto es que los ecuatorianos no tenemos por qué financiar a la industria de la droga. Esos dineros entregados en subsidio son dineros nuestros y deben ser canalizados a satisfacer las necesidades básicas del país. Probablemente el problema radica allí, en el hecho de que los ecuatorianos no sentimos que los dineros públicos son nuestros.
Nos hemos acostumbrado a financiar a los políticos, por ejemplo.
Cada asambleísta cuesta al país varios miles de dólares al mes, pero, con pocas excepciones, no vemos el resultado de esos dineros en leyes o en acciones políticas serias, bien pensadas. Con el tiempo se ha convertido en otro tipo de subsidio.
La Función Judicial consume miles de millones de dólares al año. ¿Qué reciben los ecuatorianos a cambio de ello? Jueces que a cambio de coimas simplemente firman lo que les llevan ya escrito sus padrinos.
El sistema educativo es otro ejemplo. El sistema de salud igualmente absorbe millones de dólares a cambio de un servicio pésimo.
En fin, el país parece vivir subsidiando a todos a cambio de nada. Subsidiamos a empresarios ineficientes, a políticos corruptos, a jueces vivos, a maestros ignorantes, a burócratas lentos, a legisladores de lo último y, como si lo anterior fuese poco, subsidiamos hasta al narcotráfico y a las bandas de terroristas facilitándoles con nuestro dinero un combustible barato.
Por más de una década la banda de delincuentes que nos gobernó hizo del dinero público dinero de nadie. Y con ello lo que hicieron fue comprarse a la sociedad ecuatoriana para que se calle y no proteste. Esa compra colectiva del Ecuador nos ha llevado al borde de la quiebra. Desmontar semejante estructura no es fácil, pero es inevitable. Al menos si queremos cambiar y construir una sociedad más productiva y solidaria. (O)
