El general Fausto Olivo, encargado del reconocimiento de los cuerpos de la masacre de la Penitenciaría, ha informado que la cifra de fallecidos ha subido a 119 personas. Criminalística ha logrado identificar a 100 de los 119 reclusos muertos.
El nuevo muerto es uno de los heridos que estaban hospitalizados, dijeron las autoridades.
El ir y venir de ambulancias este sábado aumentó la incertidumbre sobre la situación en el interior de las cárceles mientras en los exteriores, el ruego de familiares de los presos por información no encontraban eco en los uniformados.
Afuera de la Cárcel 1, conocida como Penitenciaría del Litoral, estaba Rosa Romero, de 57 años, quien buscaba información sobre su sobrino Rafael de quien no sabe nada desde hace cuatro meses, cuando ingresó en la cárcel acusado del delito de robo.
Las autoridades dijeron que debía permanecer en la cárcel un año, pero «como no teníamos plata (dinero) no pusimos abogado, pero queremos saber si está adentro o no, que nos den alguna respuesta», dijo a Efe.
Romero aseguró que en todos estos días no ha podido «ni dormir» pensando en la situación de su sobrino.
Como ella, madres, hermanas, esposas y otras mujeres con niños en brazos esperaban en las afueras de la cárcel por información sobre sus parientes.
Ello mientras la incertidumbre y ansiedad se apoderaban este sábado cada vez más de aquellas familias de reos que no consiguen aún identificar a su seres queridos, a cuatro días de la masacre en una de esas prisiones de Guayaquil (suroeste), que dejó el saldo más alto de fallecidos de los últimos años.
Hasta el viernes se había identificado a 41 presos y se había entregado una veintena de cadáveres a los familiares, mientras la angustia crece entre los familiares de los reclusos que esperan el fin de las labores forenses para conocer la suerte de sus parientes.
La reyerta del martes puso de manifiesto la grave crisis carcelaria y de seguridad que vive el país andino, donde carteles extranjeros vinculados al narcotráfico financian a bandas locales que se disputan el mercado, sobre todo en torno a ciudades portuarias por las que sale la droga.
En lo que va de año han muerto más de 230 presos en este tipo de ajustes de cuentas, siendo el caso más grave anterior el que se registró en febrero en cuatro prisiones, que dejó un balance de unos 80 muertos.
