Los principales sindicatos y organizaciones sociales de Ecuador han convocado para este martes una movilización nacional contra las reformas del presidente Guillermo Lasso, quien el viernes suspendió subidas del precio de los combustibles para tratar de frenar la crispación social y política.
La convocatoria, de alcance nacional, ha salido desde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la principal central obrera del país; la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie); el Frente Popular; la Unión Nacional de Educadores (UNE), y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre otras.
Reacción a los nuevos precios de los combustibles
El objetivo es plantar cara al Gobierno en varias ciudades del país pese al anuncio de suspender los incrementos de los combustibles, provocados por un sistema de fijación de precios con base en el mercado internacional que implementó la Administración de Lenín Moreno (2017-2020).
Lasso detuvo la oscilación en 2,55 dólares el galón de la extra y 1,90 el del diesel, que varios movimientos sociales consideran insuficiente.
«Que se congele, no solo que se suspenda, porque sino también con conceptos se puede estar, en ese sentido, engañando al pueblo ecuatoriano», advirtió Leonidas Iza, presidente de la Conaie en una rueda de prensa este lunes.
Y consideró que debió ser congelado en 2 dólares para la gasolina extra o ecopaís y 1,50 dólares para el diesel.
También pidió un trabajo conjunto con los sectores sociales en el proceso de focalización de los históricos subsidios a los combustibles, cuyo efecto de ayuda a la población se ha visto neutralizado por el fuerte incremento del precio que se paga ahora por el galón, más de un 45% en la extra y un 90% en el diesel desde julio de 2020.
Para el presidente del FUT, Ángel Sánchez, que también participó en la comparecencia, la suspensión debió contemplar todo el incremento desde junio pasado, y no solamente el de este mes, es decir, regresar a 1,75 dólares y 1,00, respectivamente.
La banda de oscilación fue introducida en mayo de 2020 por el expresidente Moreno, si bien Lasso la había defendido hasta ahora.
Los combustibles son uno de los asuntos más espinosos en el país andino, y un intento de Moreno de eliminar los subsidios condujo en octubre de 2019 a una ola de disturbios que dejaron un balance de al menos seis muertos y 1.500 heridos.
Una movilización progresiva
Representante del Colectivo Nacional Unitario, que agrupa a varios sectores sociales, Sánchez indicó que la convocatoria de este martes es «nacional» y «progresiva» y se desarrollará en diferentes horarios en cada provincia, mientras que los trabajadores se unirán una vez terminada su jornada laboral a las 16.00 hora local (21.00 GMT).
La protesta, la tercera convocada de forma conjunta desde mayo, contempla asimismo otros asuntos de carácter social y legislativo, entre ellos, que el presidente no aproveche el estado de excepción en el país por la crisis de seguridad, para pasar leyes de forma acelerada.
Sánchez advirtió que no permitirán más de un proyecto de ley a la vez con carácter «económico-urgente», según lo permite la Constitución.
Pese a desmentidos del Gobierno, su colega del Frente Popular, Nelson Erazo, advirtió de un posible uso de las Fuerzas Militares, amparado por el estado de excepción, para bloquear o impedir la salida de manifestantes: «Más efecto tiene la pobreza y la miseria que el temor que (el Gobierno) quiere generar con el decreto de excepción en contra del pueblo ecuatoriano».
Las movilizaciones incluirán plantones y marchas, pero las organizaciones sociales no descartan «elevar» sus respuestas «si el Gobierno no entiende que debe retroceder» en sus políticas «anti populares, inflacionarias, anti-obreras y neolibrales».
Salir de la crisis
Las reformas han sido planteadas por el Gobierno como una vía para rescatar al país de la crisis económica que vive desde 2019 y que se vio agravada por la pandemia de la COVID-19, lo que hizo necesario apelar a organismos multilaterales como el FMI en busca de financiación.
Pero Erazo considera que lo que el Gobierno intenta es satisfacer las condiciones de los acuerdos con estos organismos y, entre ellas, «el incremento del precio del combustible hasta precios internacionales» y una «reforma laboral».
Otra de las demandas es una moratoria para los pequeños productores que han visto hundidas sus economías durante la pandemia.
Iza indicó que no quieren que se les «regale un solo centavo», sino que se revisen los créditos impagos y se analice el problema de los bajos precios de los productos de la tierra que producen, como también que se garantice el derecho constitucional de consulta previa en los nuevos proyectos petroleros y mineros.
En un acto público hoy lunes, el presidente ecuatoriano, también acosado por dos investigaciones por su aparición en los Papeles de Pandora, aseguró frente a a la ola de manifestaciones prevista que la decisión del Gobierno es mantenerse «firme».
«Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías, para que impere la ley, (..) y con la fuerza pública, con la Policía Nacional, vamos a imponer el orden», afirmó. EFE (I)