Guayaquil, Ecuador
Para este miércoles está prevista la audiencia dentro del recurso de apelación con respecto al habeas corpus concedido a Jorge Glas, sentenciado por corrupto por la Corte Nacional. Los jueces de Santa Elena tienen en sus manos confirmar que el sistema judicial está podrido o darle al país un soplo de esperanza.
Deben tener claro dichos jueces que es jurídicamente inaceptable que confirmen ese habeas corpus o que emitan una decisión de medias tintas, como sería la de cambiar las medidas alternativas otorgadas a Glas por otras dizque más rigurosas. Cualquiera de estas decisiones –una que confirme el habeas corpus o una que le haga apenas unos cambios cosméticos– no solo que violaría la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Cualquiera de ellas también enviaría un mensaje a los delincuentes ya sentenciados, incluyendo a los otros mafiosos como Glas, así como los que andan sueltos aún, de que en el Ecuador las cárceles son simples casitas de muñecas y que, en general, podrán, ahora sí, salir “legalmente” de prisión cuando se les ocurra gracias a un habeas corpus otorgado por un juez corrupto. Es más, sería un mensaje para quienes planean cometer delitos de que podrán realizar sus designios sin preocuparse mucho por la consecuencia de sus actos. En definitiva, sería un golpe mortal a la débil seguridad ciudadana.
La impugnación presentada por el procurador general en contra de la decisión de Manglaralto es lo suficientemente clara y fundamentada para que nos vengan luego con el cuento de que el recurso de apelación de los ineptos funcionarios carcelarios fue deficiente.
Además, los jueces de Santa Elena no pueden hacerse de la vista gorda ante la evidente corrupción que produjo la sentencia dictada en Manglaralto. Los jueces tienen la obligación moral y legal de anular actuaciones viciadas de corrupción cuando ellas lleguen a su conocimiento. Si no lo hacen ellos ¿quién entonces?
En efecto, sería un acto de suprema hipocresía pasar por alto lo sucedido en el juzgado de Manglaralto la noche de aquel sábado del pasado 9 de abril. Durante esas horas y las de la madrugada del siguiente día se cristalizó uno de los actos de corrupción más repulsivos que ha sufrido el país en su historia.
Allí la mafia correísta vio cómo daban frutos los años en que controló al Poder Judicial hasta convertirlo en un sirviente de sus atracos, persecuciones y abusos; durante esas horas de la noche se consumó un crimen, un crimen que nos condenó como nación a vivir con un Estado fallido a cuestas.
Esa sentencia dictada en Manglaralto constituyó en el fondo un triunfo del narcotráfico y de las mafias, una victoria de quienes nos roban impunemente y asesinan a diario como si nada.
¿Van los jueces de Santa Elena a prestarse para convalidar esta farsa de justicia y plegar en favor de la delincuencia organizada? ¿Van a legitimar el uso fraudulento de una garantía que fue instituida para defender los derechos humanos, como es la garantía del habeas corpus? ¿Van a sumarse a lo que vienen haciendo otros jueces corruptos no solo con el habeas corpus, sino con otras garantías como son, por ejemplo, las cautelares constitucionales autónomas o las acciones de protección?
El Ecuador de la decencia y honestidad tiene una cita mañana en la corte de Santa Elena.
