El Presidente Guillermo Lasso, vetó hoy totalmente la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado por considerar que el texto aprobado por la Asamblea Nacional estaría poniendo en un serio riesgo a la institucionalidad de la Contraloría General del Estado (CGE).
El pasado 21 de abril, la Asamblea Nacional aprobó con 131 votos las reformas a dos artículos que rigen al máximo ente de control. En el texto se planteaba las causales del cese de funciones del contralor y la subrogación en caso de ausencia temporal o definitiva.
Para el Presidente, dicha norma «no prescribe un régimen de ausencia temporal ni definitiva de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado (como estaría en la ley original), ni tampoco un mecanismo de sucesión en caso de que estos escenarios sucedan.»
Adicional, el Presidente sugiere al Parlamento que en caso de que exista una ausencia del Contralor, sea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) quien, mediante un concurso público, nombre a la máxima autoridad de la Contraloría en reemplazo de la anterior.
Para el Ejecutivo, la CGE no debe ser, ni estar a merced, de ningún botín político. Que, por el contrario, el organismo debe tener autonomía e institucionalización para que su accionar tenga legitimidad y credibilidad ante la ciudadana.
Reacciones al veto
Por otro lado, la Presidencia creyó improcedente hacer una reforma a la actual ley cuando el CPCCS está ya en proceso de concurso público para designar a las nuevas autoridades de control, por lo que sería un inconveniente para la institucionalidad de la CGE reformar la norma vigente.
Por su parte, el exID, Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, rechazó el accionar del Ejecutivo señalando que «es el presidente de la República quien bloquea la gestión legislativa.» A continuación puntualizó que el objetivo de dicha ley, supuestamente, es evitar que «los contralores sigan despachando desde las cárceles».