Miami, Estados Unidos
El 29 de abril el hombre más rico del mundo, Elon Musk, dueño de TESLA, Space X y The Boring Co., hizo una oferta por 43 mil millones de dólares para comprar la red social Twitter. Musk venía dando pistas sobre su intención en su cuenta personal de Twitter, con más de 95 millones de seguidores, opinando que la libertad de expresión estaba siendo amenazada y que esta tenía una clara y nada saludable inclinación partidista.
Musk también es de la opinión que fue un error censurar la cuenta del ex Presidente Donald J. Trump, y que la restituiría de concretar la compra.
En esa misma semana, el ex Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama voló a dar un discurso en la Universidad de Stanford en el que alertó que la desinformación debilita la democracia. Y que “la regulación debe de ser parte de la respuesta” para combatir la desinformación en línea. Su discurso fue parte del simposio “Desafíos a la democracia en el reino de la información digital”, realizado por el Centro de Cyberpolíticas de la Universidad Stanford y la Fundación Obama.
Por los mismos días también el Departamento de Seguridad Nacional anunció la creación de un Directorio para la Gobernanza de la Desinformación y nombró como su directora ejecutiva a Nina Jankowicz, ex asesora del gobierno de Ucrania en estrategias de comunicación auspiciada por la Fulbright – Clinton Public Policy Fellowship; con experiencia en programas de asistencia en democracia para Rusia y Bielorusia y con publicaciones sobre la Guerra de la Información/Desinformación rusa. Se la perfiló como idónea para el puesto cuyo objetivo sería proteger la seguridad nacional acechada por la desinformación de agentes externos.
Nina Jankowicz duró apenas tres semanas en ese cargo. Prontamente salieron a flote una serie de vídeos y trinos en los que mostraba haber promovido la narrativa de “La colusión rusa” del partido demócrata, actualmente en el poder, contra la campaña de Donald Trump en 2016.
En octubre del 2020, Jankowicz también propagó falsa información para desacreditar la veracidad del artículo del New York Post sobre reveladores documentos obtenidos de una laptop de Hunter Biden, calificándola como “campaña de desinformación del Kremlin”. Twitter suspendió la cuenta del New York Post, el diario más antiguo del país creado en 1801 por uno de los padres fundadores de la nación, Alexander Hamilton. Y Facebook restringió su publicación. Las autoridades federales han confirmado, 18 meses después, la autenticidad de la laptop, abandonada en un centro técnico con la orden de reparación firmada por el propio Hunter Biden.
Se puede concordar entonces con el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas: la señorita Jankowicz es una experta en desinformación, altamente capacitada para el cargo.
¿Es “1984” en Estados Unidos esta vez? En la distopía planteada por George Orwell en su novela publicada en 1949, el autor advertía los riesgos del control de la información por parte de un estado totalitario, el “Big Brother”. No es que Orwell haya tenido instintos premonitorios: él mismo acabó combatiendo el fascismo cuando viajó a España para escribir sobre la Guerra Civil Española. Con “1984” retrató a manera de ciencia ficción el peligro del control de la información para el control de la sociedad.
En Oceanía, donde ubica su novela Orwell, existe un Ministerio de la Verdad, que opera silenciando las voces que disienten e imponiendo la verdad oficial. Con la expansión de la comunicación en el mundo virtual, los regímenes que se sienten amenazados con la libre circulación de la información han caído en estas prácticas de censura digital, creando leyes e instrumentos para controlar las redes sociales donde se filtra al mundo información incómoda.
En Nicaragua, el dictador Daniel Ortega cuenta con la ley de Cybercrímenes para mandar a prisión a quienes considere que diseminan «noticias falsas». En El Salvador, la Asamblea aprobó el Código de Procedimiento Criminal creando el “agente digital encubierto” para otorgarle validez procesal al espionaje estatal. Y en Honduras, la ley de Cyberseguridad protege al gobierno al limitar la información que estime que viola la seguridad nacional.
Las leyes que amordacen a los usuarios digitales se van volviendo cada vez más necesarias para los proyectos políticos que pretendan permanecer en el poder. Tras 10 años de gobierno, y habiendo creado la Ley de Comunicación más restrictiva de la región, el ex Presidente del Ecuador Rafael Correa, envió al legislativo el último día de su mandato el proyecto de ley para control de las redes sociales y del internet, en la que comprometía a las empresas proveedoras de redes sociales a eliminar o bloquear contenidos considerados ilegales.
Pese a la controversia en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional no ha eliminado el Directorio para la Gobernanza de la Desinformación. Solo anunció la suspensión temporal de sus actividades. Incluso hay medios de lamentan la temprana salida de la señorita Jancowicz.
Frente a una popularidad de 40%, elecciones parciales en noviembre, augurios de recesión económica y revelaciones judiciales inconvenientes, la actual administración de Estados Unidos ha creado una dirección para el control de la información en las redes sociales bajo la consigna de la seguridad nacional y la lucha contra la desinformación. Empresas como Twitter y Facebook también tienen funcionarios para el control de contenidos, que censuran a discreción de sus tendencias e intereses, y se han mostrado capaces de influir abiertamente en procesos electorales.
Desde hace más de 230 años la libertad de expresión es el primer derecho garantizado en la Constitución americana y su Declaración de Derechos. George Washington decía que si se quita la libertad de expresión, “entonces tontos y silenciosos podremos ser conducidos como ovejas al matadero”. Y el abolicionista Frederick Douglass, quien vivió hasta 1895, decía que de todos los derechos, el de pensamiento y opinión es el que los tiranos temen. ¡Cuánta verdad!
