Quito, Ecuador
Semanas convulsas, vaivenes jurídicos, confusiones mediáticas. Entre la amalgama de posiciones, de medios escogidos por cada bando para avanzar en sus reivindicaciones, de interpretaciones sobre lo que efectivamente está aconteciendo, es difícil formarse un criterio informado por la realidad antes que por las opiniones en disputa.
Lo anterior puede predicarse de dos situaciones concretas: de la crisis de Ecuador que, en mayor o menor medida, la experimentamos en carne propia; y, de los choques ideológicos que se han suscitado en los Estados Unidos a raíz de la derogación de la polémica sentencia Roe v. Wade. Sin entrar en detalles, y aun cuando se trata de cuestiones de índole en extremo diversas, hay dos puntos comunes a ambos casos. Uno, la falta de distinción entre derechos y reclamos. Dos, la tendencia a tomar por válido un argumento por el solo hecho de que a mí me gusta o de que lo encuentro bueno.
Digamos, sobre lo primero, que se trata de conflictos en los que se confunden los conceptos de derecho(s) y reivindicación (reclamos). La desesperación por lograr cambios, parece llevar a los líderes de opinión a tratar como un derecho (un poder legal y justo) a todo medio disponible para lograr la transformación social que desde su ideario se presenta como el único estado de las cosas aceptable – lo mismo sucede con grupos indígenas como con partidarios acérrimos del gobierno, con activistas pro choice como con fieles defensores de la última decisión de la Suprema Corte estadounidense en materia de aborto.
Sin embargo, el mero hecho de tener una pretensión no la convierte en un derecho, ni tampoco legitima todas las acciones que se llevan a cabo para conseguirla. Para que un derecho sea tal, tiene que estar reconocido en la legislación (desde un punto social) y, además, debe ser justo (desde un punto de vista moral). Por eso, es preocupante la facilidad con la que ciertos grupos justifican la violencia con el nombre de derechos, ya sea policial, vandálica, obstétrica o abortista.
Protestar es un derecho constitucional y moral, sí; impedir el paso de ambulancias y medicinas so pretexto de lograr nuestras reivindicaciones, no lo es. El uso progresivo de la fuerza es legítimo, sí; el uso excesivo de la fuerza y la represión a alguien por el hecho de su pertenencia a un grupo, no. El nacer es un derecho, sí; no lo es el condicionar una existencia humana al deseo de una tercera persona. Poner fin al embarazo con el objeto de salvar la vida de la madre (no para acabar con la del hijo) es un derecho; seleccionar, sin prever causales justas, qué embarazo se continúa o se termina, no.
Lastimosamente, está imperando la costumbre de pegar la etiqueta de derechos a todo reclamo o preferencia, sin antes mirar su legalidad y justicia. Entre tantas explicaciones que podríamos encontrar sobre este fenómeno, señalemos por ahora solo una: la tendencia a justificar una posición por el solo hecho de que yo creo en ella. Pero, como bien señala John Finnis, “el hecho de que yo crea que X es malo, o que P es verdadero, no es argumento en favor de mi creencia”. Precisamente, semejantes formas de razonamiento sumadas a la tendencia humana a la autorreferencialidad están en el centro del uso irreflexivo del término “derecho”.
En medio del caos, quien realmente quiere dar con la verdad para no ser presa de las narrativas en competencia, hará bien en distinguir el derecho de las reivindicaciones y lo que es de lo que yo quisiera que sea.
