Guayaquil, Ecuador
Así se llamaba un movimiento formado por un grupo de intelectuales quiteños entre los años 1.996 y 1.997 como contraparte del grupo de guayaquileños que impulsábamos el cambio de modelo de estado hacia un modelo autonómico que reemplace la caduca estructura del estado unitario. Nos decían que la palabra “de acuerdo” contenía las mismas letras y vocales que la palabra “Ecuador” y que debíamos llegar a tal acuerdo para que la asamblea constitucional próxima a instalarse diseñe los cambios necesarios a un modelo de estado que ya no respondía a las necesidades del país.
El resto ya es historia y está recogida en varios libros que escribimos quienes estuvimos en aquella asamblea boicoteada por la clase política tradicional y por el gobierno de turno. A pesar de ello, la Constitución de 1.998 es de largo mejor que la del 2008 impuesta por el correato.
El tema viene a cuento luego del levantamiento indígena promovido por la Conaie y por su líder Leonidas Iza, levantamiento que demuestra la profunda fractura que existe en el estado nacional.
Un número importante de indígenas, pero que de ninguna manera constituye la expresión de la voluntad mayoritaria, mantuvo en vilo a la institucionalidad y a la democracia durante poco más de dos semanas. Simultáneamente el correato trataba de pescar a río revuelto en la Asamblea Nacional y destituir al presidente por una grave conmoción interna que había sido creada, no por el Ejecutivo sino por la Conaie, socia de Rafael Correa en este intento de desestabilización institucional por más que luego, la dirigencia indígena haya tratado de separarse, en las palabras más no en los hechos, de los actos vandálicos provocados durante el levantamiento.
Abundan los videos en los cuales los indígenas violentan la propiedad privada, conceden salvoconductos para transportar alimentos y medicinas, castigan de obra a personas particulares e incluso funcionarios públicos (como el Alcalde de Alausí, por ejemplo), ponchan llantas o impiden la circulación. La dirigencia indígena no puede separarse de aquellos vándalos que, ciertamente no siendo indígenas, colaboraron con éstos durante todo el levantamiento y mantuvieron bajo amenaza varias provincias de la sierra ecuatoriana.
La Fiscalía, que tiene abiertos cerca de 300 procesos por el paro, no puede separar a unos de otros, pues actuaron en sociedad y con igualdad de fines. Tampoco se puede separar el correísmo, que conspiró desde la Asamblea y formó parte del intento de golpe de estado.
Está visto que es muy difícil poner al Ecuador “de acuerdo”. En la costa ecuatoriana no pasó nada. Mas allá de ciertas marchas que duraron minutos en algunas ciudades, parecía que se vivía en otro país y que “la guerra” era lejana.
¿No será necesario preguntarse nuevamente si no va siendo hora de volver a repensar la estructura del país? ¿Hay derecho a que un grupo de ciudadanos indígenas imponga una especie de programa de gobierno que nada tiene que ver con las necesidades puntuales de sus comunidades a través de 10 puntos programáticos sin haber ganado las elecciones, entre los cuales incluso estaba la “no privatización del banco del pacífico” que siempre fue privado? ¿Tiene la costa que sufrir las consecuencias de la alteración del orden público que se produce en el centro de la Sierra?
Son preguntas que debemos hacernos. Una respuesta en algo favorable nos la debe dar la Fiscalía y la función judicial, a las cuales no debe temblarles la mano en procesar a Leonidas Iza y a la dirigencia indígena, instigadora y autora indirecta de todos los actos de violencia que asolaron la República.
El acuerdo de paz es políticamente válido y civilmente nulo. Políticamente es válido porque fue el mecanismo para terminar un conflicto que tenía harta a la sociedad y podía producir la quiebra de los sectores productivos. Es civilmente nulo porque son nulos los acuerdos firmados con una pistola en la sien que coaccionan la voluntad de los firmantes.
Claro que eso lo único que le quita es validez moral al reclamo indígena. Los gobiernos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los sectores políticos deben darle respuestas efectivas a la ciudadanía para que no se repitan hechos como los de este junio. Y como va a ser difícil que den esas respuestas, quizás lo que se necesita es una consulta popular para que sea el pueblo el que dé las respuestas a qué tipo de modelo de estado quiere y qué tipo de sociedad es aquella en la que quiere vivir.
Y estoy seguro que no será en una sociedad diseñada por Leonidas Iza y su dirigencia.