Guayaquil, Ecuador
Rehén, es una persona retenida en contra de su voluntad por alguien que, en una guerra, un asalto, un secuestro, etc., exige una cantidad de dinero o el cumplimiento de unas determinadas condiciones. Exactamente eso es lo que le ocurre al país. En octubre de 2019 la exigencia de la dirigencia indígena era que se deje insubsistente el alza de los precios de los combustibles que había decretado el gobierno; ahora, junio de 2022 las exigencias eran mayores, 10 puntos de demandas económicas y de derechos, con el agravante de que los 10 puntos eran: los “10 puntos y punto”.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fue creada el 16 de noviembre de 1984; en el VI Congreso desarrollado el 2017 en la provincia de Zamora, se cuestionó la marginación de la mujer indígena. En 32 años de vida de la Conaie nunca una mujer había dirigido esta organización, una abrumadora mayoría resolvió que en el VII Congreso se deberá elegir a una mujer como presidenta de la Conaie. En junio de 2021, se reunió el VII Congreso, asistieron 1500 delegados de las organizaciones indígenas, pese a los reclamos que pedían que se respete la decisión tomada en el VI Congreso, de elegir a una mujer que presida la Conaie, pudo más la manipulación de Leonidas Iza para alzarse con presidencia, al puro estilo de las maniobras blanco-mestizas. Se dijo: “esto crea un precedente que no ha pasado en la historia”.
Desde el 13 de junio, Leonidas Iza decretó un paro con carácter “nacional, territorial e indefinido”. Hay que recordar que Iza es un dirigente indígena radical que profesa el comunismo maoísta, seguidor del demencial movimiento terrorista “Sendero Luminoso”, que llenó de sangre y muerte al Perú y que quiere implantar en nuestro país la dictadura indoamericana.
Una vez más, como en octubre de 2019, el país sufría los embates de una irracional violencia, se tomaron las principales carreteras de la sierra central del país, impidiendo el ingreso de víveres, combustibles, gas doméstico y para los hospitales; prácticamente el país estuvo de rehén de los sediciosos y Quito una ciudad sitiada por la voluntad omnímoda del fanatismo radical de la dirigencia Indígena. Prácticamente en los 18 días que duró el paro, paralizaron la economía del país.
Hubo brutales asaltos a convoyes escoltados por policías y militares, con presencia de organizaciones terroristas fuertemente armadas que causaron muertos y heridos. De esta forma se hacía realidad la amenaza de Jaime Vargas, expresidente de la Conaie, que en 2019 dijo: “Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria, tenemos que hacer nuestro propio ejército, que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”; luego, agregó: “Esta declaración, nace de nuestro derecho a la autodeterminación y es parte constitutiva del pluralismo jurídico, para vigilancia, control, alarma, protección y defensa de nuestros territorios y comunidades”.
No sancionar con rigor a los responsables que violan las leyes, deja precedentes nefastos, los responsables quedan en la impunidad y amenazan con volver a repetir sus acciones vandálicas. Las autoridades civiles y militares están en la obligación de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de sus bienes, frente a las funestas pretensiones de sembrar el caos y desestabilizar el estado de derecho. El país exige sanción a los responsables de la violencia criminal y de los actos desestabilizadores del orden constituido.
