El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha elegido Superintendente de Bancos, de una terna enviada por el Presidente de la República, Guillermo Lasso, al ingeniero Raúl González Carrión, en un proceso que, en términos generales, se ajusta al previsto en la Constitución.
El Presidente lo propuso. El Consejo eligió. Nada más hay que hacer. Solo queda, como corresponde a un gobierno respetuoso de las instituciones, acatar las decisiones democráticas que se enmarcan en la ley. Ya serán los organismos de control, sea la Asamblea Nacional o incluso la opinión pública quienes velarán por el correcto desempeño del nuevo funcionario.
Alegar ahora que el nuevo Superintendente de Bancos es correísta no parece tener sentido, ni ajustarse a la lógica. Su nombre fue propuesto al CPCCS por el propio Presidente Guillermo Lasso. Y antes que eso, el ingeniero Raúl González fue nombrado liquidador del Banco Territorial por una mujer de tan sobrados méritos como la anterior Superintendenta de Bancos Ruth Arregui, de quien nadie puede sospechar que hubiera tenido algún vínculo con la bancada que injustamente impulsó su destitución. Por lo que esa sospecha no parece estar sustentada en la realidad.
Que pudiera haber existido, después de haber sido incluido en la terna, algún acercamiento con todos los sectores políticos, para asegurar su elección por encima de la persona que encabezaba la terna, es posible. Pero es también parte del juego democrático. Si el espíritu de la ley fuera que el Presidente de la República designara directamente al Superintendente de Bancos, la norma debiera ser así de explícita. Pero no lo es: debe ser nombrado por un Consejo, conformado naturalmente por personas de distintas tendencias, y que debe elegir entre tres ciudadanos. Esa es la democracia.
Impugnar la designación del Superintendente de Bancos sería un despropósito. Le corresponde ahora a él demostrar a la Nación que fue bueno, primero que lo hayan incluido en la terna, y después que lo hayan elegido. Para decirlo en palabras de Marguerite de Yourcenar, lo esencial es que una vez que un hombre ha llegado al poder, demuestre luego que merecía ejercerlo.
El país, y el Gobierno, deben aceptar el nombramiento con serenidad republicana. El ingeniero González Carrión merece el apoyo de todos en la dura tarea que se le ha encomendado, la de precautelar los depósitos del público y la buena salud de las instituciones financieras, y hacerlo con independencia, sujeto solo a la ética y a la moral. Si fallara, ya funcionarán los mecanismos legales para corregirlo. Condenarlo antes de que se posesione no tiene sindéresis, ni es razonable.
