Libre acceso a la universidad

Diego Montalvo

Quito, Ecuador

El primer paso, el fundamental, ya lo ha dado el Presidente de la República, Guillermo Lasso. Pues el Primer Mandatario ha confirmado la eliminación del examen de la Senescyt. Quienes fuimos críticos a este sistema de carácter hípercentralista gubernamental del correísmo que, dicho sea de paso, mermaba la libertad de ingreso a las universidades, aplaudimos de pie esta decisión democrática de Lasso.

Cada órgano académico debe hacerse cargo de su examen y con ello del perfil que buscan para sus estudiantes lo que conlleva a que cada entidad dé los cupos que crean pertinentes. Lo que consiguió el Gobierno Nacional es dar autonomía a las academias, cada casa de estudios es responsable ahora de los cupos que dan de acuerdo incluso a su capacidad física. Eso implica libertad de ingreso y de libre elección de la carrera.

¿Cuál es la siguiente etapa?

El rector de las diferentes universidades sabiendo (teóricamente) los cupos y la disponibilidad de ingreso a su institución debe elaborar un plan de acuerdo a las carreras con mayor y menor demanda (resultado que arroja el examen que cada entidad universitaria decida elaborar).

Con esto se traza un plan y se determina qué especialidades son más solicitadas que otras y pedir recursos para esas especialidades específicas. Ahora, lo que el Estado sí podría hacer como examen único es un vocacional para orientar al alumno de Sexto curso y con ello un mapa de las instituciones que oferten ese tipo de carrera. Por lo general se sabe que las carreras más cooptadas son: arquitectura, medicina, derecho. Las que menos son solicitadas son las técnicas, tecnológicas y de humanidades.

Esto implica que a los colegios fiscales se podría ajustar el pensum para generar educandos en estas ramas, no obligándolos, sino dándoles alternativas desde un tercer o cuarto curso para que vayan con mayor seguridad a carreras que no necesariamente son tradicionales.

El llamado «libre acceso a la universidad» (sobre todo planteado como discurso desde las izquierdas) es un mito en sí mismo porque nadie entiende qué mismo es eso. Es, además, no entender las desigualdades que el ser humano tiene en cuanto a sus habilidades. Lo importante es empezar a ver que cada persona tiene capacidades distintas y los colegios son un diagnóstico de aquello y lo importante y el tema es que en esa desigualdad de conocimientos se exploten las capacidades de los alumnos a su campo lo que obviamente hará un mejor profesional y con ello, los rectores universitarios pedirían políticas públicas para pedir un mercado laboral a partir de las competencias de su comunidad universitaria y allí entra el Estado. Hay que capitalizar los distintos talentos y campos de acción de los ciudadanos jóvenes para ampliar el mercado laboral.

El examen de admisión de la Senescyt pretendía que un estudiante apto para leyes estudie bioquímica y farmacia según pretendía el ideólogo René Ramírez.

Más puntos clave

La queja que viene desde ciertos rectores de universidades públicas y de presidentes de consejos estudiantiles, esencialmente se da porque nunca han tenido un plan en concreto y hoy les toca empezar a pensar en un modelo claro de educación (metodologías de enseñanzas) y proyección académica. Hoy tienen un reto muy grande (más allá de salir a las protestas por mera conveniencia) y es proyectar a su institución a una excelencia académica.

El Gobierno podría, también, darle atención especial y fomentar las tecnologías que oferta el SECAP.

Era muy cómodo que la Administración Central piense por ellos y haga un examen único. Hoy, la real academia debe volverse exigente consigo misma y con quienes son parte de ésta. La libertad académica ha tenido varias amenazas, empezando por funcionarios mismos de las facultades de cada organismo de educación superior. Por otro lado, las federaciones de estudiantes universitarios también deberán aportar y hacer su parte.

La vara para medir recaerá ya en los catedráticos y autoridades y en su capacidad de ver qué planes realmente tienen. Quejarse es fácil, mientras que hacer es difícil. Veamos si más bien ahora, los funcionarios universitarios, dejan el activismo a un lado y se vuelven realmente catedráticos. Con respecto a la eliminación de un examen único, muchos nos opusimos a este modelo desde que se implementó. Ya se sabía que detrás hubo políticas intervencionistas, sabíamos que con una buena política esto terminaría.

Hay que recalcar, que un plan así requiere una voluntad por parte de rectores y cuerpo estudiantil. Las becas se deberán dar por medio de convenios interuniversitarios en los que los rectores se apoyen entre sí y con instituciones internacionales para premiar el desempeño académico de los alumnos. Además, cada organismo de estudios, debe tener su propio fondo de becas, lo que les da una autonomía aún mayor. Para becarios directos a universidades extranjeras (por medio del gobierno), podría pensarse en maestrías y doctorados, por temas de trayectoria del estudiante, tomando en cuenta que, para el modelo social del siglo XXI, las licenciaturas no tienen mucho peso académico. 

Las publicaciones que poseen las distintas universidades, como sello editorial propio que manejan, deben presentar trabajos de un peso académico notable que deberían ser publicados (esto aplica tanto a públicas como privadas) ya sea por alumnos que cursen en la entidad una carrera o ya graduados. Incluso podría pensarse en que un trabajo de valor intelectual pueda ser publicado por una universidad donde no necesariamente haya cursado ese estudiante y presentar su trabajo para que éste sea publicado por una carta de recomendación de su alma máter a otra institución que avale su labor de investigación o creativa. Esto también podría darse para trabajos de personas nacionales que publiquen en el extranjero (y viceversa), justamente haciendo convenios internacionales.

Más allá, las izquierdas tienen secuestradas la mayoría (por no decir todas) de las universidades públicas y más se han vuelto centros de adoctrinamiento y de activismo más que entidades de educación, otro punto que el Presidente debe hacer es, por ejemplo, devolver la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE) a las Fuerzas Armadas, así como los colegios militares.

Rectores de las Universidades estatales del Ecuador, en una foto de 2018.

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