El Consejo de Comunicación, al frente de Jeannine Cruz, ha recopilado siete alertas por agresiones a la prensa, consumadas entre enero y julio de este año, en las que están involucrados funcionarios legislativos.
Entre las más graves estaría las recientes reformas a la actual Ley de Comunicación que fue propuesta por el informe de minoría (apoyadas por el correísmo, el ala Rebelde de Pachakutik y el propio presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela).
«Una constante en estas agresiones es el carácter estigmatizante de los enunciados proferidos contra la prensa», escribió Cruz.
Estas reformas, que se dio paso con 75 votos aprobatorios, cada uno de los impulsadores de los cambios al reglamento y quienes dieron ‘sí’, mantienen que esta decisión se tomó porque, según ellos, protege a la prensa, la hace más plural, enmienda errores y es «necesaria».
Con esto, discrepan los periodistas y sectores expertos en comunicación como FUNDAMEDIOS. Pues, quienes estarían involucrados en la actividad periodística precisan que esto implica una nueva mordaza. Además, su aprobación atentaría contra los estándares internacionales sobre la libre circulación de las ideas.
En estos días, precisamente que el Parlamento espera por la respuesta del presidente Guillermo Lasso sobre esta propuesta legal, y sobre si envía el veto anunciado, el Consejo de Comunicación dio un sacudón a la función Legislativa y la propia Cruz firmó un documento donde señala a este poder del Estado como agresor de la prensa.
Este documento fue enviado directamente al propio Virgilio Saquicela.
Entre los nombres señalados por Cruz, estaría el del asambleísta correísta Walter Gómez. El legislador se refirió a Diario La Hora, en un tuit, como «prensa coprofílica». También estarían casos como obstrucción al trabajo periodístico -a La Historia– y otro de imposición de contenido.
Un recordatorio del Consejo de Comunicación
Cruz solicitó a Saquicela que recuerde a los asambleístas que el trabajo de la prensa contribuye al control democrático, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios.
Además, que la crítica o cuestionamientos a los funcionarios públicos «deben gozar de un mayor margen de apertura en un marco amplio de debate por referirse a asuntos de interés público», redactó Cruz.
También apuntó que existen estándares interamericanos de libertad de expresión y pidió que los legisladores se apeguen a éstos.
Hasta ahora, se espera una respuesta por parte de Saquicela y los asambleístas que integran esta nueva mayoría.