Por información reservada conocida el 4 de marzo de 2020 la Fiscalía habría iniciado la investigación previa que terminó la mañana del pasado 29 de julio con el procesamiento penal del actual prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, y nueve personas más acusadas del delito de delincuencia organizada. Al momento transcurren los 90 días definidos para la etapa de instrucción fiscal.
La “noticia criminis” recibida hablaba que en Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, ciudades en la provincia de Cotopaxi, operaba una organización delictiva que aprovechaba a funcionarios ubicados en diversos cargos en instituciones públicas y amistad con ciertas autoridades de la provincia, con la finalidad de facilitar la obtención de contratos a empresas ya definidas, previamente a un acuerdo con personas relacionadas a esas empresas a través de la entrega de dinero u otros mecanismos de beneficio.
Las detenciones de los nueve hombres y una mujer se dieron dentro de la Operación Depuración 1, la cual se realizó el jueves 28 de julio pasado y abarcó a varias viviendas y la sede del Gobierno autónomo descentralizado de Cotopaxi o Prefectura de Cotopaxi.
El prefecto Guamán y Margoth T. deben presentarse cada ocho días ante la autoridad competente y tienen prohibido salir del país; mientras que Pablo V., José N., Diego S., Carlos V., Pablo A., José H., Paúl S. y César C. son los procesados que recibieron orden de prisión preventiva y permanecen en el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, ubicado en Latacunga.
Se mencionaba en la denuncia que dentro de la forma de operar utilizada por la organización integrantes con alias como “Magi, Pablo, Fercho, Lucho, Stalin y Cris” tenían definido su rol en la estructura.
“El fin es obtener beneficios y réditos económicos direccionándolos a la compra de bienes muebles e inmuebles a nombre de terceras personas en diferentes partes del país. Cabe mencionar que otra de las modalidades de la organización sería disponer en instituciones públicas descuentos a sus empleados en beneficio de los integrantes de la organización y de terceras personas aprovechando sus cargos y funciones como autoridades de las mismas”, señalaba la información reservada conocida por la autoridad.
La Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos explicó que dentro de la investigación previa habría solicitado aplicar técnicas especiales, como la intervención de teléfonos para recabar información en conversaciones de los ahora implicados.
De esas investigaciones se habría determinado que la organización conformada por personas con seudónimos como “Jefe, Byron, Pablo, Santiago, Jorge, Gordo, Raúl, Diego, Niky, Gabrielito, César, Marco”, entre otros, mantienen una estrecha relación entre sí. También se habrían ubicado posibles inmuebles utilizados como sitios de reunión, lugares de trabajo, propiedades, vehículos en los que se movilizaban, horarios de reunión.
Respecto a las conversaciones de audio que la Fiscalía mantendría en su poder, Guamán dice que será responsabilidad de esa instancia el ir probando y determinando quiénes son las personas que participan y las supuestas claves que se estarían usando en los diálogos. “En ese sentido esperamos ir verificando, ir atando los cabos para saber exactamente cómo intervinieron en el teléfono personal mío, cómo lo hicieron, si tuvieron la autorización o no, no lo sabemos. Nosotros cooperaremos con la justicia”.
La Fiscalía sostiene en su teoría del caso que Guamán ejercía la dirección y mando de la organización, es decir, era el encargado de disponer y aprobar todas las acciones ejecutadas por su colaborador directo Pablo V., quien era el encargado de ejecutar las disposiciones junto al resto de procesados. (I)