El titular del Consejo de Participación Ciudana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa, precisó hoy, 15 de agosto de 2022, que el puesto de Superintendente de Bancos sigue vigente y que además, indicó que el CPCCS no acatará la desiganación que se le dio a Raúl Gonzalez como titular de esa entidad por parte de la Asamblea Nacional. Por lo que el proceso de designación de designación continúa dentro del organismo.
Ulloa también dijo que esta decisión la toma de acuerdo con la resolución que el 1 de agosto adoptó la juez Larissa Ibarra, de la Unidad Multicompetente de Samborondón (Guayas), que anuló la designación de González para ocupar el cargo.
El CPCCS respalda al Gobierno en su decisión
Esto reace también el nombramiento que dio el Parlamento, que el jueves 11 de agosto de 2022 posesionó a González de manera virtual. También dio un claro respaldo al pronunciamiento del Gobierno que, la noche de este domingo declaró que desconocía la designación del funcionario. Ulloa además arremetió contra la Función Legislativa y le acusó de injerir directamente en su institución.
«No existe razón jurídica alguna para que la Asamblea haya procedido a posesionar, con una resolución que no tiene efectos jurídicos, al ingeniero Raúl Gonzales, como Superintendente», sentenció Ulloa.
Advirtió, también, que esto agrava la crisis institucional porque se hizo en virtud de una resolución que fue declarada inválida.
El titular de la función de control, cree que la salida a la crisis, desatada por la designación del Superintendente, es respetando el orden del estado de derecho, la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la misma que señala que todos los funcionarios públicos e instituciones «nos vemos sometido al control constitucional», dijo.
El pleno del CPCCS se instalará en las próximas horas para conocer la terna que le envió el Ejecutivo para designar a la nueva autoridad. La lista está conformada por Roberto Romero Von Buchwald, a la cabeza, y le siguen Rosa María Herrera Delgado y Felipe Cabezas-Klaere.
El dictamen por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya fue notificado a las siguientes instituciones: Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Función de Transparencia y Control Social, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y Procuraduría General del Estado y las superintendencias de Compañías y de Control de Uso de Suelo.