Guayaquil, Ecuador
Los cientos de partidos y movimientos políticos que eligieron sus candidatos en elecciones primarias (se supone que fueron “democráticas”) deben inscribir a sus ungidos desde el pasado 22 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2022, es decir un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la convocatoria a elecciones. El pasado 23 de mayo se cerró el registro permanente de organizaciones políticas con 276 inscritas: 6 partidos políticos y 11 movimientos a nivel nacional; 68 movimientos provinciales, 172 movimientos cantonales; y 19 movimientos parroquiales.
Los medios que recogen el sentir de la ciudadanía han expresado que “el panorama pinta igual o peor que el actual. Listas armadas a última hora; candidatos arropados por partidos políticos con los que no mantienen ninguna conexión ideológica; aspirantes sin más antecedentes que ‘ser conocidos’. El resultado: una evidente improvisación en acciones y actuaciones cuando logran captar el cargo público”.
A los candidatos hay que recordarles que el Código de la Democracia, en su Art. 97, señala: “Todos los candidatos y candidatas a Presidente o Presidenta, Prefecta o Prefecto, Alcalde o Alcaldesa, presentarán junto con el formulario de inscripción un plan de trabajo con al menos el siguiente contenido: 1. Diagnóstico de la situación actual; 2. Objetivos generales y específicos; y, 3. Plan de trabajo plurianual de acuerdo a la dignidad a la que hubieren optado, en el que se establecerán las propuestas y estrategias a ejecutarse de resultar electos; 4. Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión”.
Un tema que los candidatos no consideran en su Plan de Trabajo es la Seguridad Ciudadana, tema vital para la supervivencia y la paz social, considerando que permanentemente surgen nuevas amenazas y desafíos en un escenario complejo que requiere acciones, sobre todo, preventivas ante las presentes y futura amenazas.
En nuestro país es casi permanente, puesto que las serias fisuras económicas, sociales, políticas y étnicas constituyen factores de riesgo para la estabilidad democrática y la seguridad; a esto se suma la incursión de grupos ilegales armados, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y explosivos, el crimen organizado internacional, el terrorismo y el éxodo masivo e indiscriminado de personas, constituyen una real amenaza a nuestro país.
Los políticos deben recordar que la Seguridad Nacional (Defensa Nacional, Sistema de Seguridad Ciudadana y Orden Público; Sistema de Inteligencia y Gestión de Riesgos), es un bien público construido socialmente y una responsabilidad del Estado para la tranquilidad de la sociedad en su conjunto; por lo tanto, se debe disponer de una Fuerza Pública, profesional, bien equipada, entrenada y eficaz, acorde a la realidad nacional, para enfrentar cualquier amenaza interna y externa.
La Seguridad Ciudadana, en su respectivo ámbito y responsabilidad, debe ser un tema de debate de los candidatos; desgraciadamente, a los políticos les resulta incómodo y constituye un tabú. La Seguridad Ciudadana requiere de recursos y voluntad, se piensa que el Estado, como sinónimo de gobierno, es el único responsable de la seguridad, una de las demandas más angustiantes de la ciudadanía; al contrario, todos somos el Estado, por lo tanto, todos los ecuatorianos debemos asumir esa responsabilidad.
Una de las admoniciones que nos hacen a los ciudadanos es “que elijamos bien”, pero cómo vamos a elegir bien si la “oferta” que nos proponen, resulta que son los mismos de siempre, en su gran mayoría camaleones o mercenarios de la política.
