La jueza de la Unidad Judicial de la Familia, de Quitumbe, María del Carmen Salazar, ha declarado un receso a la audiencia por la acción de protección presentada por la expresidenta de la Asamlea Nacional, Guadalupe Llori, en contra del actual presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela, y los cinco integrantes de la comisión pluripartidista ad hoc, que elaboró el informe que llevó a la destitución de Llori: Pedro Zapata (PSC), Pamela Aguirre (UNES), Peter Calo (PK-R), Lucía Placencia (ID) y John Vinueza (UE).
Llori sostiene que, en vista de que existía una medida cautelar en su favor, ordenando que no se vote por el informe de la comisión ad hoc que la nueva mayoría (integrada por correístas y socialcristianos), la Asamblea no podía destituirla, porque existía una orden judicial expresa.
La expresidenta Llori alega que los legisladores desacataron la orden de un juez, y que eso debe traer consecuencias jurídicas para quienes violaron el ordenamiento jurídico.
También pide que los 81 legisladores que votaron en su contra el 31 de mayo de 2022 -desacatando la orden de un juez que lo prohibía- paguen una indemnización de US$100.000 cada uno, y ofrezcan disculpas públicas.
La jueza dará a conocer su resolución el próximo viernes 26 de agosto.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que era vicepresidente de la Asamblea Nacional, que fue elegido junto con ella en el mismo acuerdo, y que votó por la destitución siendo el sucesor de Llori, pidió que se niegue el recurso.
