El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este lunes que la consulta popular que planteará a la ciudadanía tendrá ocho preguntas que girarán en torno a temas de seguridad, medioambiente y mejoras en la calidad institucional.
El jefe de Estado convocó a los ecuatorianos a afrontar «las amenazas desde la raíz», así como «a usar su poder democrático a través de una consulta ciudadana que enfrentará problemas que Ecuador no ha podido resolver en su pasado» y que no le permiten desarrollarse, dijo en un acto público en Quito.
Las preguntas, que son ocho, son las siguientes:
Enmiendas para promover la seguridad ciudadana
1. Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1?
2. La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2?
3. Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3?
Enmiendas para fortalecer la democracia
4. En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que, con el censo poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4?
5. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. Estos no garantizan la representación ciudadana, ni una adecuada participación de sus miembros. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5?
6. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 6?
Enmiendas para proteger el medio ambiente
7. La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que estas no gozan de su protección. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7?
8. La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8?
Según Lasso, la consulta no tiene partidos, autoridades ni agendas políticas y nació de un proceso de diálogo con la ciudadanía.
«La consulta es la propuesta, es la solución, es nuestra indignación canalizada para alcanzar una sociedad mejor. Por eso, quiero insistir en algo fundamental, la papeleta de esta consulta no tiene ni tendrá candidatos ni nombre de políticos ni partidos», insistió.
Si bien la fecha de la consulta popular dependerá del proceso de la convocatoria, que quedará a cargo del CNE, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, había mencionado recientemente que la fecha máxima para realizar el referéndum podría coincidir con las elecciones provinciales, municipales y de integrantes del CPCCS previstas para el 5 de febrero de 2023.
Para esa misma fecha, grupos ambientalistas esperan que se convoque a una consulta relacionada con la posibilidad de mantener el petróleo bajo tierra en la reserva del Yasuní, luego de que el pasado martes, el Tribunal Contencioso Electoral aceptó -tras casi una década de litigio- que se validen las firmas de respaldo para convocar al proceso.