El domingo 4 de septiembre, más del 60% de los votantes del referendo de salida del proceso constituyente chileno rechazaron el proyecto de constitución con el que el gobierno de Gabriel Boric se había identificado a plenitud. Punto de llegada de las protestas que iniciaron en octubre del año 2019 y que se encausaron por un lado a través de la Convención y por otro llevando a La Moneda al Presidente más joven de la historia de Chile, salido de la dirigencia estudiantil y no del vigoroso sistema de partidos que caracterizó al país desde su salida de la dictadura.
Cada país tiene sus particularidades y las circunstancias de cada coyuntura son irrepetibles, pero mientras en el Ecuador se habla -nuevamente- de una posible consulta popular ¿puede el abrumador triunfo del rechazo arrojar lecciones para hoy?: yo creo que sí. Exploraré algunas:
1. Con la macroeconomía no se ganan las elecciones.
La estabilidad, la disciplina fiscal, las cuentas en orden; son fundamentales para nuestros países pero no, no se reflejan automáticamente en la economía de las familias, en las oportunidades de empleo y menos aún en la capacidad adquisitiva de las personas. De hecho, si en la calle se siente carencia y el gobierno habla de abundancia (en la reserva, en el superávit, en la recaudación tributaria) lo que se percibe es aún peor: hay dinero pero no se usa para atender a los que más lo necesitan.
2. Los referendos han estado, están y estarán directamente conectados a la popularidad de quién los proponga.
Esta regla cuenta con amplia evidencia y el referendo chileno no fue la excepción. En todas las mediciones a lo largo del tiempo, el apruebo nunca logró despegarse de las cifras de aprobación del gobierno. Al final el rechazo superó en 8 puntos a la desaprobación de la gestión de Boric. Aquí un gráfico de CADEM que lo muestra de manera exacta:
Una consulta o un referendo pueden usarse como la consolidación de una posición de fuerza o incluso como válvula de escape. Pero sería muy raro que sirva para revertir un momento de gran desgaste político, más todavía si se plantea como una solución a los problemas del gobierno en lugar de una respuesta a las urgencias de la población.
3. Los votantes están más impacientes que nunca.
La pobreza y el desempleo venían creciendo desde el 2014, pero con la crisis del COVID19 significaron un retroceso de dos décadas. Los pobres hoy son más pobres. Las clases medias que crecieron a inicios de siglo vieron desvanecerse sus ingresos y sus expectativas de futuro. Más de un tercio de los latinoamericanos no tienen vínculo alguno con los servicios de protección social que existen en los estados de América Latina. Cientos de miles de personas se convirtieron en nuevos pobres y no estaban (ni están) en el radar de los programas diseñados para atender a quienes requieren un piso mínimo de protección.
Eso se suma a la insatisfacción y la urgencia de una generación que creció en época de bonanza y de híper conexión tecnológica, con expectativas casi imposibles de satisfacer, aún en tiempos de prosperidad.
4. La violencia no inspira, asusta.
Con sus diferencias, las sociedades chilena y ecuatoriana siguen marcadas por la violencia de octubre de 2019. Esas protestas inauguraron un mecanismo que no conocíamos: ataques violentos dirigidos a otros ciudadanos como forma de ataque y descalificación de los gobiernos: bloqueos, saqueos, destrucción del espacio público.
Este escenario es todavía más grave cuando se da en medio de una escalada del crimen y el delito lo que hace que los ciudadanos exijan la intervención decidida y el uso legítimo de la fuerza del Estado para imponer el orden y la ley. Encerronas en Chile, vacunas en Ecuador, el delito está deteriorando rápidamente la calidad de vida de pobres y ricos en nuestros países.
5. Las reivindicaciones parecen imposiciones.
Las justas agendas de reivindicación de los pueblos indígenas, de las mujeres, de la diversidad sexual, han pasado de la búsqueda de igualdad a imposiciones que preocupan. En el caso de Chile ha sido muy tenso el debate sobre pluralismo jurídico pero se trata de temores conceptuales y conjeturas sobre sus posibles aplicaciones.
En el caso del Ecuador hemos vivido ya los peores ejemplos: octubre del 2019 la ONWAN (Organización Waorani del Napo) le envió una carta al gobernador de la provincia exigiendo la designación de los nombres proporcionados por ellos para todas las direcciones del gobierno en la zona, terminó diciendo que de no hacerlo en 12 horas “nos tomaremos las vidas de los operarios” de dos pozos petroleros; o mientras escribo esta columna un ciudadano se encuentra secuestrado por la comunidad Jatarishum (una de las más violentas de la Sierra Centro) que exige medio millón de dólares para liberarlo.
¿Es esto justicia indígena? No. Se llama secuestro extorsivo y sus consecuencias están en el Código Penal.
El asunto de fondo: es imposible reconstruir el contrato social desde posturas maximalistas y radicales. No será posible abordar los graves problemas que nos aquejan si no somos capaces de acordar sobre lo mínimo. Los acuerdos en democracia no son traición, claudicación, abandono; son el reconocimiento de una gran diversidad y la afirmación de que, a pesar de ella, queremos vivir juntos.