Quito, Ecuador
De la indignación inmensa al desánimo colectivo, la depresión por los recientes sucesos de la vida nacional sume al país en un pozo profundo.
El asesinato de Belén Bernal ocurrido en la Escuela de ‘formación’ de Cadetes de la Policía Nacional en Pusuquí es un golpe duro del que la sociedad debe recuperarse con acciones concretas y muestras sinceras de cambio profundo.
Más allá del relato de la crónica de sangre y la búsqueda del presunto autor, la tragedia humana revela serios desajustes institucionales que cabe corregir y de forma inteligente replantear, dentro de la cadena de demolición institucional a la que asistimos desde hace algunos años.
El anuncio emocional del derrocamiento del lugar de los hechos, más allá del voluntarismo simbólico, no soluciona los problemas de fondo. La leyenda urbana teje truculentas versiones en ese edificio al que, por cierto, le han bautizado con el nombre de un castillo del terror. Algunas de esas historias, si es que ocurrieron, debieran destaparse.
Por ahora el daño está hecho. La investigación seria debe determinar responsabilidades y acarrear no solamente correcciones de procedimientos sino establecer nuevos protocolos acorde a las corrientes contemporáneas y con prácticas de respeto a la integridad de las personas y alto contenido en materia de género. Es menester observar el debido proceso y con la ley en la mano, proseguir con acciones concretas de la Justicia para que no quede ni una sola sospecha de impunidad.
La impunidad se ha cargado la fe pública en los conocidos casos de corrupción y la lista de condenados y prófugos de alto nivel es larga, pero la destrucción de la confianza en los poderes políticos y la reputación de sus organismos tardará un tiempo en reivindicarse. Es una tarea primordial.
La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico exige que el Ecuador tenga una Policía con altas cualidades. La ética, los valores, la adecuada capacidad profesional y la moral en alto no deben ser minados por actos de algunos uniformados que manchan la honra institucional. Son los policías de bien los primeros interesados en reconstituir la imagen deteriorada de la institución.
Así, denuncias sobre presuntos ‘narcogenerales’, el desfalco colosal de los fondos para seguridad y prestaciones de los policías( ISSPOL), los asaltos cometidos por algunos miembros en servicio activo y las detecciones de algunos uniformados intentando ingresar municiones a la cárcel de la Latacunga, son algunos de los hechos que demandan un remezón serio desde sus bases, no de los edificios, sino de los pilares de principios y valores sobre los cuales se levanta una institución indispensable para la protección ciudadana y la tranquilidad de la gente acosada por la inseguridad y el crimen.
El femicidio de Belén Bernal llevó al debate nacional la constatación de una realidad triste que arrastramos como una condena histórica: el maltrato, abuso sexual y la muerte violenta de mujeres en el país. Las marchas y protestas tienen razón de ser.
El dolor de su madre, Elizabeth Otavalo, fue inmenso, la desazón cuando su hija estuvo desaparecida, terrible, y la noticia del hallazgo del cuerpo, desgarradora.
La comparecencia de la señora en tres diferentes espacios políticos en la Asamblea Nacional, el mismo día, me pareció una sobre exposición desbordante cargada de emociones terribles. Es tiempo para ella y sus familiares de sosiego y paz interior y, más allá de sus justos reclamos, no estaría bien que de la triste tragedia se forjara una plataforma política. El tiempo lo dirá.
La desesperación del Gobierno por la crisis de reputación y el impacto directo e indirecto de lo sucedido en la Policía llevó a algunas reacciones precipitadas.
Patricio Carrillo fue un ministro del Interior que asumió serias responsabilidades nada más se volvió a crear la cartera de Estado. En plena etapa de reorganización sobrevinieron hechos ruines como el crecimiento del crimen organizado de modo exponencial y el sicariato enseñoreado en varias ciudades del país. Carrillo asumió con entereza y conocimiento de causa su rol.
La tensión propiciada por el levantamiento indígena y el paro le llevó a asumir situaciones críticas. Las fuerzas del orden contuvieron la violencia de las protestas y la muerte de personas en circunstancias deben aclararse de modo transparente, constituyen hechos que debemos todos lamentar. No hay que perder de vista la responsabilidad de los agitadores profesionales, las hordas que atacaron a la Fiscalía, que destruyeron calles y parques y que se organizaron a manera de guerra de guerrilla urbana, conforme manuales para muy conocidos y adiestramiento para militar. En junio de este año, como en octubre de 2019 con el acto terrorista del incendio a la Contraloría, entre otros hechos violentos y extremistas, se vio la cara agresiva de quienes no quieren la democracia ni el imperio de la ley y formulan tesis que buscan imponer a palos.
El juicio político y la inmolación del mencionado personaje será otro plato apetitoso para una oposición voraz, que quiere levantar trofeos desde una confrontación fratricida, que dejó pérdidas millonarias en la producción y sacrificó a los más pobres campesinos que asumieron los costos de las directrices de la dirigencia. El país perdió y perdimos todos. Veremos los resultados de las mesas de diálogo. Otro paro y levantamiento indígena no lo aguanta la paz pública y el músculo económico del país, ya debilitado, podría seguir castigando a los más pobres, principales víctimas de la falta de trabajo y de la marginalidad.
El reconocimiento del Presidente a la labor de Carrillo no se compadece con el simultáneo anuncio de su salida del cargo. Aunque es verdad que todos los secretarios de Estado son de libre remoción, esta parece una derrota anticipada del poder Ejecutivo ante una Asamblea que, como todas las instituciones nacionales, acarrea su propio desprestigio. Para el Gobierno es una factura costosa.
De la situación de la Policía, que debe luchar contra el narcotráfico y el crimen, quienes harán fiesta celebrando la decapitación de Carrillo del cargo son los capos de las mafias de la droga y el delito, y los siniestros operadores políticos que crecen a su sombra y lucran de las bandas en una simbiosis preocupante y nefasta.
La claridad que tuvo Guillermo Lasso, dos años antes de asumir el cargo de elección popular, sobre la penetración de los carteles de la droga y sus tentáculos, situaba al problema como uno de los más delicados. La hora demanda que se reencause la política pública de Seguridad, con liderazgo, firmeza, recursos e ideas.
Un encargo tremendo asume Juan Zapata como nuevo ministro del Interior. Zapata conoce la Policía por dentro, sabe de sus virtudes y defectos y deberá emprender con total respaldo presidencial y ciudadano una tarea enorme pero indispensable.
