Quito, Ecuador
Declarar el estado de excepción, esa restricción temporal y variable de derechos, es una facultad privativa del Estado, cuya eficacia depende del acatamiento libre de la población, pero, sobre todo, de la capacidad del Estado para imponer las decisiones adoptadas.
En Ecuador, ahora, hay dos fuerzas que se han arrogado la facultad de declarar el estado de excepción: la Conaie y las organizaciones del narcotráfico. Y ambas han demostrado ser más eficaces que el Estado en la imposición de sus medidas. Su superioridad obedece a que mientras las decisiones y acciones del Estado están legalmente reguladas, y, en consecuencia, sus funcionarios no pueden actuar fuera del marco de la ley, ellas actúan más allá de ese marco.
Las limitaciones legales del Estado son una ventaja para las organizaciones subversivas y criminales. Ventaja que aumenta cuando organizaciones sociales y políticos antidemocráticos utilizan la ley como amenaza contra el Estado y promueven la impunidad de los que han actuado contra ella.
El último estado de excepción impuesto por la Conaie, en junio de este año, restringió el derecho de los ciudadanos a movilizarse libremente, a trabajar, a recibir atención de salud; y el que, en estos días, impuso la organización delictiva, Jalisco Nueva Generación, en algunas de las ciudades de la costa ecuatoriana, restringe la libertad de prensa y el derecho de las personas al trabajo y a recibir información.
¿Habrá, luego de la amenaza de muerte publicada por los narcos, algún canillita que, en Machala, Esmeraldas o Cuenca se atreva a vender el Diario Extra, vetado por ellos?
La Conaie, que actuó como un paraestado en junio, ha exigido, en el colmo del cinismo y la audacia, reparaciones para los ejecutores de los actos delictivos ordenados por sus dirigentes. Y los narcos han pasado de la fase de las luchas intestinas, a embarcarse en un enfrentamiento directo con el Estado, al que le disputan el control del territorio nacional, y con la propia población civil, a la que convierten en objetivo de ataque.
Es imprescindible, para garantizar la viabilidad de la democracia en Ecuador, fortalecer la institucionalidad pública e impedir que las formaciones paraestatales que han surgido prosperen. La tarea, obviamente, no es fácil ni de corto plazo, pero no se la puede postergar. Las medidas imprescindibles, las primeras medidas, deben dirigirse a alcanzar condiciones mínimas de gobernabilidad y a acabar con la impunidad de quienes se han arrogado la potestad de imponer el estado de excepción en el país.
Neutralizar el golpismo que campea en la Asamblea Nacional, valiéndose de la “muerte cruzada”, es una decisión que el Gobierno no puede eludir si, realmente, quiere gobernar. La segunda está en manos de los jueces y la Fiscalía, entidad que se ha mostrado bastante ineficaz en el procesamiento de los responsables de los desmanes y delitos cometidos por los levantados de junio de 2022.
Quienes utilizan la fuerza como principal argumento para imponer sus intereses deben ser enfrentados con la ley y la fuerza, o acaso hay alguien, tonto o interesado, que pretenda que el control estatal de las cárceles se logrará mediando con comisiones ad hoc para que los capos mafiosos se pongan de acuerdo y suscriban un código de convivencia.
El uso de la fuerza, en un Estado de derecho, está regulada por la ley, pero regular no equivale a obstaculizar o impedir su uso efectivo en la protección de los derechos y la seguridad ciudadana. Se necesitan normas nuevas, distintas de las que obligan a los guardias de la cárcel a enfrentar los fusiles con toletes. Y se necesita fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la fuerza pública.
Hay que reflexionar con responsabilidad sobre la realidad del país. Los dogmas, los prejuicios, el “buenismo”, solo sirven para debilitar al Estado y fortalecer las organizaciones paraestatales, esas para las que la ley no existe.
