¿Recuerdan los diez puntos que repetía como mantra la dirigencia indígena (el número, no el contenido) en la paralización de junio? Pues cumplidos los 90 días de las mesas de “negociación” pasamos de diez a ciento cincuenta. Sí, ciento cincuenta.
Hace tres meses la CONAIE le planteó al gobierno sus diez exigencias y pasó a bloquear vías, violentar ciudadanos y sitiar ciudades como mecanismo de extorsión. Durante 18 días de cierres y violencia, provocaron en el país un nuevo clima de polarización, pérdidas humanas y un costo de más de mil cien millones de dólares, además de enviar un “mensaje” a la economía que la convirtió en una de las de peor recuperación post pandemia en la región.
El gobierno, como suele suceder en un secuestro, pagó el rescate. Sin embargo, una vez liberados los rehenes, recuperada la circulación y cierta normalidad, en lugar de exigir que se procese a los captores decidió prolongar su sometimiento por 90 días más en lo que llamó mesas de negociación o “de paz” (¡!).
Una interpretación obvia en una mesa de negociación es que existen aspiraciones de ambos lados en conflicto y que se encontrarán puntos medios que impliquen concesiones y conquistas -aunque sea parciales- de todos los involucrados. ¿Esto sucedió efectivamente? ¿Qué logró el gobierno para el resto del país que representa? ¿Obtuvo el compromiso de no más paralización del país o de no más ataques a la población? ¿Consiguió el apoyo de las organizaciones para identificar a los responsables de contaminar con aceite el agua potable de Ambato, o los nombres de quienes fueron grabados azotando a un taxista para dejar claro que si ellos dicen paro, nadie puede salir a trabajar para llevar el pan a su familia?
De la revisión de los acuerdos de cada “mesa”, el gobierno no exigió nada, no pidió nada, no consiguió nada. Por el contrario se instaló durante 90 días a asentir, afirmar y comprometer su actuación según las demandas de las organizaciones, promocionando como conquistas “inéditas en el periodo republicano”, su lista de capitulaciones.
Durante doce semanas casi todos los ministros del régimen desfilaron ante los dirigentes de tres organizaciones, los diez puntos, mayormente generalidades, pasaron a ser más de 150 concesiones concretas de la más distinta magnitud. Los ejemplos más escandalosos:
El Gobierno entregó a la CONAIE el manejo de “su sistema propio” de educación básica. Se hará el “traspaso” de 1.736 instituciones educativas y su respectivo presupuesto y personal… Esta decisión no se da en el marco de un debate sobre otro modelo educativo sino como una de las tantas pretensiones con las que se avanza en la configuración de un estado paralelo (no intercultural, ni plurinacional, sino paralelo).
Otro de los más graves “acuerdos” es la decisión de entregar a tres organizaciones indígenas la potestad de revisar permisos, concesiones y contratos ya otorgados por el Estado ecuatoriano. La mesa, según dice el documento, tendrá carácter vinculante:
Conformar una mesa técnica de evaluación integral de carácter vinculante para la revisión de los expedientes de procedimientos de licencias ambientales, contratos petroleros y derechos mineros otorgados, los impactos de carácter socio ambiental, legal y operacional, y, la identificación y acuerdo de los mecanismos efectivos de remediación, reparación integral, garantías de repetición y / o reversión. (punto 3 de acuerdos de la mesa 5)
Increíble pero cierto, un grupo de personas que además el Estado se compromete a financiar, estará por encima de la ley, de los compromisos adquiridos y los contratos firmados, violando todo principio de seguridad jurídica en un sector que representa el 40% de los ingresos totales del Estado.
Noventa días y nada sobre concreciones para focalizar subsidios, nada sobre el debate urgente de la sostenibilidad del Seguro Social Campesino, o ¿a alguien le queda dudas que uno de los tantos problemas del IESS tiene que ver con que más de un millón de familias están afiliadas con un aporte de USD 1,79 mensuales?
No pretendo cuestionar que el gobierno dialogue con cualquier sector del país, lo que me pregunto es si dedica un esfuerzo similar a buscar soluciones a problemas apremiantes de las grandes mayorías que no actúan con violencia (los 2.7 millones de personas que están pasando hambre, según el último informe de la FAO, por ejemplo). Me pregunto si se instaló una mesa similar para condonar deudas a quienes no pudieron pagar sus obligaciones porque tuvieron que tirar su producción agrícola o no pudieron abrir sus comercios durante los 18 días que la CONAIE acumulaba fuerzas para derrotar al país a punta de cansancio y miedo.
Me pregunto cuál es el mensaje para el 94% de la población del país que no se autoidentifica indígena, que quiere paz y certezas para trabajar, que no sabe a qué mesa ir para que le ayuden a resolver sus necesidades y problemas.
