Con corte a junio de 2022, el porcentaje de pobreza en Ecuador bajó del 32,2% al 25%, con respecto a igual periodo de 2021.
En el caso de la pobreza extrema, el porcentaje de la población que vive con menos de $49,35 de ingreso personal, o $197,4 de ingreso familiar al mes, se redujo del 14,7% al 10,7%.
Pues, tal y como lo reveló el estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lo que resta de 2022, Ecuador será uno de los tres países que más reducirá la pobreza extrema en la región.
De este modo, el porcentaje culminará en diciembre de este año en 9,7% de la población. Esta es una noticia positiva si se toma en cuenta que el país, aún antes de la estrepitosa caída de 2020 de la mano de la pandemia, ya llevaba una senda de crecimiento económico casi cero (0,5% del PIB en promedio) desde 2015.
Fortalecimiento de ventas y ayudas sociales
Los actuales niveles de pobreza son menores a los de los primeros años de la década correísta, esto aunque en esos momentos se elevó el gasto público.
El ministro de Economía, Pablo Arosemena, informó que las ventas en la economía ecuatoriana superaron los $140.000 millones hasta agosto de 2022. El dato exacto del Servicio de Rentas Internas (SRI) es de $142.021 millones.
Así, hasta finales de este año, se espera llegar a la cifra récord de $180.000 millones. Este dinamismo tiene un impacto discreto en el aumento del empleo formal o adecuado (un poco más de 131.000 afiliaciones nuevas al IESS); pero, por el otro lado, ha incrementado de manera significativa el movimiento y los ingresos en la economía informal.
En ese sentido, un trabajador informal ecuatoriano, sobre todo en sectores como el comercio, la agricultura y los servicios, ha aumentado sus ingresos en entre 10% y 30%. Esto quiere decir que tiene más dinero en su bolsillo, pero sus ingresos familiares mensuales no superan los $500 mensuales.
Mayores subsidios
Por otro lado, la mejora en los niveles de pobreza también es resultado de mayores subsidios o transferencias de dinero a través de bonos. Esto representa un gasto anual de más de $2.000 millones desde el Estado, sin tomar en cuenta los más de $4.000 millones necesarios para mantener bajos los precios de los combustibles.
Por ello, en el último año, alrededor de 500.000 beneficiarios más se sumaron al sistema de protección social.
Los mayores esfuerzos en temas de generación de empleo, más actividad económica y mejores beneficios sociales se deben enfocar en la ruralidad donde la pobreza extrema bajó del 28% al 22,7%. Esos niveles siguen siendo altos frente al promedio nacional.
