Quito, Ecuador
En las últimas tres décadas, la legislación nacional e internacional ha avanzado en materia de protección de la integridad de la mujer, destacando la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (1995); la V Conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres, en Beijing (1995); la Constitución de 1998; la Constitución de 2008; la reforma del Código Orgánico Integral Penal de 2014, que tipificó los tipos de violencia contra la mujer -física, psicológica y sexual- e incluyó el femicidio como un delito; y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018), cuyo objetivo fundamental fue articular un Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las mujeres, a cargo de quien estaría la coordinación, planificación, organización y ejecución de acciones integrales y complementarias para vincular a todos los poderes públicos y hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Sin embargo, pese a todos los avances, es necesario seguir trabajando para unir los esfuerzos de los actores sociales para lograr una efectiva igualdad del hombre y la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y fortalecer los sistemas de prevención y erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer, pues las cifras de agresiones siguen siendo alarmantes.
Según la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia conformada por varias instituciones públicas como el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre otras, desde la tipificación del delito de femicidio en el año 2014, hasta el 2021, en el Ecuador se han confirmado 518 femicidios y 32 mujeres de cada 100 son víctimas de violencia.
Estos graves delitos se cometen en todo el territorio del Ecuador, aunque el 37% de los casos se registran en las provincias del Guayas y Pichincha y el 10% en Manabí. A nivel cantonal, 27 ciudades concentran el 60% de casos de femicidio (basado en el histórico de registros de casos), siendo Quito, Guayaquil y Santo Domingo las ciudades que suman el 25% de femicidios.
Según estos estudios, en el 52% de los casos, los agresores tienen antecedentes penales, no obstante, en muchos casos los actores no tienen nada que ver con la delincuencia y derivan de relaciones sentimentales o factores socioculturales. Circunstancias tales como el alto consumo de alcohol, la violencia intrafamiliar, el bajo nivel educativo, son parte del problema. En la mayoría de casos, las víctimas suelen ser personas con instrucción no superior y con empleos por los cuales se presume recibían remuneraciones bajas.
Todo esto evidencia que desde la sociedad civil y desde el Estado se debe hacer un trabajo más profundo para incidir en el cambio de patrones socioculturales, y dirigir el debate público hacia soluciones que ataquen los factores que promueven la violencia. Solo así podremos erradicar y prevenir eficientemente la violencia de género y lograr la efectiva protección de los derechos de la mujer.
Dignidad y Derecho
