
En un documento enviado hoy, 27 de octubre de 2022, la Corte Constitucional resolvió dar paso a las dos preguntas referentes al CPCCS que había envido el Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Las preguntas fueron dos:
- ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia, y escrutinio público de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo enmendando la Constitución con el anexo 1?
- ¿Está usted de acuerdo con unificar el proceso de designación de los miembros del CPCCS para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, y escrutinio público llevado a cabo por la Asamblea Nacional enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2?
En ese sentido, la Corte respondió:
Este Organismo emite el Dictamen 6-22-RC/22 en el que declara que la vía de enmienda propuesta por el Presidente de la República es procedente para tramitar las dos propuestas planteadas.
Reacciones a lo emitido por la Corte Constitucional
El primero en pronunciarse fue el propio Ministro Francisco Jiménez quien expuso:
«Hoy la Corte Constitucional aprobó las dos preguntas presentadas en relación con el traspaso de facultades del Consejo de Participación Ciudadana. Este es un paso grande en la construcción de una institucionalidad más fuerte y transparente para el país. ¡Seguimos adelante!»
Desde el correísmo, es el sector con las más radicales críticas a este dictamen. Pues, el propio ciudadano Rafael Correa indicó:
«Corte Constitucional cede frente a Lasso y acepta que sea la Asamblea (dinero) y no el CPCCS (por concurso) la que elija autoridades de control. Esto equivale a que por consulta se pueda pasar facultad de legislar a los jueces. ¿Permitiremos que nos engañen otra vez?», indicó vía Twitter.
Así, la Consulta Popular estaría, hasta el momento, compuesta por diez preguntas, relacionadas con temas de institucionalidad, economía y seguridad.
