Quito, Ecuador
La justicia enfrenta graves y serios problemas en Ecuador. En muchos casos, los jueces, que deberían ser equilibrados y neutrales, se presentan con propuestas políticas e ideológicas propias, produciendo graves violaciones a la independencia e imparcialidad judicial.
Los jueces deberían administrar justicia con sujeción a la Constitución, a los tratados internacionales de derechos humanos y a la ley. Sin embargo, su actuación, con valiosas excepciones, están dotadas de un tinte ideológico, creencias o convicciones personales o favoritismos políticos. Parece que la justicia ecuatoriana está ideologizada.
Una garantía fundamental reconocida por la Constitución del Ecuador, es el derecho a ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente. No puede haber confianza en el orden jurídico establecido, ni en la administración de justicia de un país, si los jueces -ordinarios o constitucionales- camuflan sus posiciones personales bajo supuestos razonamientos jurídicos, y ejercen sus funciones como una palestra para imponer sus convicciones.
De aquí se desprenden tres graves problemas: inseguridad jurídica, indefensión y desigualdad legal. No puede haber confiabilidad del orden jurídico si los administradores de justicia resuelven los asuntos fundamentados en las ideologías que defienden, o en sus afinidades políticas.
Un principio rector es que a igualdad de hechos jurídicos, iguales consecuencias jurídicas; con una administración de justicia parcializada, se genera una condición de absoluta indefensión y desigualdad. Los ciudadanos no pueden conocer con certeza los derechos que les asisten, ni reclamar por aquellas acciones que violan sus derechos.
Los jueces tienen el deber legal de separarse del conocimiento de aquellas causas en las que tienen algún interés, incluso moral. Si no, no se ofrece imparcialidad. Es más, para precautelar esta situación, en el evento de que el juez no se excuse, la ley permite, a través de la recusación, que el juez sea separado del caso. Lastimosamente, en nuestro país, varias demandas de recusación han sido silenciadas o atendidas extemporáneamente.
En materias tan diversas como la actividad minera, delitos de corrupción, derechos de los niños y adolescentes, o la causa del aborto, jueces activistas están decidiendo e imponiendo sus ideologías. Incluso muchos de estos temas han sido impuestos por los jueces en la agenda legislativa obligando a los legisladores a crear leyes acorde a sus propuestas ideológicas.
Cuando un juez no es imparcial, deja de ser juez y se convierte en parte procesal. Pese a las denuncias, esta situación no cambia. La consecuencia es que el sistema judicial y constitucional ecuatoriano está seriamente amenazado.
Con jueces parcializados no se está administrando justicia, se está imponiendo ideologías; decidiendo a dedo a quienes les asiste un derecho fundamental; y, en general, marcando el rumbo del futuro de un pueblo con precedentes judiciales o constitucionales que priman sobre la soberanía popular.
