La Asamblea Nacional, ha derogado, con 100 votos afirmativos, la reforma tributaria contenida en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia COVID-19, que se aprobó mediante decreto-ley a fines del año pasado, y que se encuentra vigente desde el 29 de noviembre de 2021.
Trece asambleístas, todos del oficialismo, votaron en contra. No hubo votos en blanco ni abstenciones.
El legislador Esteban Torres, coordinador del PSC, apoyó la derogatoria del ley, argumentando que «liquidó a la clase media ecuatoriana. ¿Por qué no se pensó cobrar los impuestos a los grandes grupos económicos?», dijo.
El mismo argumento sostuvo la correísta Viviana Veloz, autora del proyecto de derogatoria: que perjudica a la clase media.
Cuando lo propuso, el régimen del Presidente Lasso tenía como objetivo incrementar los ingresos del Fisco para solventar el gasto fiscal, y reducir el déficit, calculado entonces en siete mil millones de dólares. La reforma tributaria consistía básicamente en incrementar el impuesto a la renta a las personas con ingresos superiores a los 2.500 dólares, eliminación de deducciones tributarias y un impuesto al patrimonio de empresas y personas que posean más de un millón de dólares.
En la votación, UNES, PSC y Pachakutik votaron por unanimidad la derogatoria del decreto.
Se espera un pronunciamiento por parte del Ejecutivo, para lo cual cuenta con un plazo de 30 días. Si veta totalmente la ley, esta no podrá ser debatida en un año.
El gobierno también puede acudir a la Corte Constitucional, alegando el principio de que solo el Ejecutivo tiene iniciativa tributaria. Esto es, que solo el Gobierno puede proponer leyes que creen, deroguen o supriman impuestos, y que esta ley derogatoria no proviene del Ejecutivo sino de una legisladora.