Licenciado en Ciencias Políticas. Máster en Conflicto y Seguridad Internacional, University of Kent.
Hace una semana, el mundo vio el que podría ser el intento de golpe de estado más ridículo de la historia reciente (quién sabe si del mundo, pero seguro superó la experiencia peruana…). Las autoridades respectivas actuaron a gran velocidad, la policía detuvo al ex mandatario por la tentativa de sus delitos, el Congreso resolvió la sucesión constitucional y un poco después la justicia formuló cargos a Castillo. Parecía cuestión de hacer control de daños y superar el “chuchaqui” político de este terrible episodio.
Sin embargo, luego de esta primera semana de movilizaciones podemos descartar la posibilidad de que la nueva presidenta prosiga su mandato hasta su término natural en julio de 2026. A pocas horas de haber asegurado que así lo haría, se vio obligada a convocar elecciones anticipadas para abril de 2024, tras la enorme presión de sectores varios entre los que se encuentran los simpatizantes del exmandatario depuesto, quienes insisten en la negación de que Castillo haya cometido delito alguno.
Y como si fuera poco, otros sectores pro-Castillo caen en la abierta apología del delito, pidiendo de todas formas, y sin arrugarse, su restitución en el poder, algo que ya ha alcanzado repercusiones internacionales. Esto tras el comunicado conjunto de los gobiernos de izquierda de Argentina, Venezuela, Colombia y México que pintó a Castillo como víctima de un “hostigamiento antidemocrático”, lo cual si bien tiene un debatible asidero, omite cualquier señalamiento al expresidente como autor de un intento de golpe y principal responsable y desencadenante de esta crisis. Esto a su vez trae a colación el posible rol del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, al que los regímenes de estos países adhieren, en fomentar protestas e inestabilidad en la región.
Otro síntoma de este “chuchaqui” es el escepticismo y el abierto rechazo contra la primera mujer presidente del Perú. En esta línea, los simpatizantes de Castillo fueron los primeros en ejemplificar como ciertos grupos minoritarios pero ruidosos, radicales y a veces violentos, recurren a la política de la “barra brava”, cada vez más común y efectiva en nuestros países.
Es así como en Perú estamos viendo la violencia de ciertos grupos para forzar la mano de las autoridades, mediante violentas protestas (con ya siete muertos), toma de policías como rehenes, cierres de vías, ataques a aeropuertos y propiedad pública y privada. Esto conculca así el derecho ciudadano a la paz, la libre movilidad, impide el funcionamiento de servicios esenciales y afecta gravemente la economía y bienestar de todos los peruanos (¿les suena familiar, ecuatorianos?).
En Perú, el vandalismo rayano en el terrorismo urbano tiene una particularidad, y es que evoca el traumático fantasma de Sendero Luminoso (maoísta), el MRTA (guevarista) y otros grupos armados de las décadas de los 80s y 90s. Consecuentemente, la violencia de los últimos días ha sido instrumentalizada por sectores conservadores de derecha, recurriendo nuevamente a esa vieja argucia política que tanto daño le ha hecho al debate y la participación política del país: lo que se conoce allá como el “terruqueo.”
El “terruqueo” consiste en tildar de terrorista, senderista, o simpatizante de esos grupos violentos a cualquier persona o grupo que formule críticas o se movilice en contra del “modelo”, o al que recuerde con vehemencia los problemas estructurales de pobreza y exclusión que vive buena parte del Perú. El terruqueo, se puede especular, fue un factor crucial para apagar a los movimientos de protesta desde la década fujimorista del 90 y el fin del “conflicto armado interno” de 1980 al 2000.
Su uso desde entonces, y en especial durante la última semana, añade gasolina al fuego de las protestas. A estas alturas, vale notar, las movilizaciones ya no están limitadas únicamente a los simpatizantes de Castillo, pero, como han notados analistas, académicos y observadores externos, está tomando dimensiones de “combo”. Esta acumulación de demandas y reivindicaciones populares no solo es contra la presidenta Boluarte—deslegitimada y percibida como usurpadora por el bando castillita—pero contra la desprestigiada y corrupta clase política, encarnada en el impopular Congreso.
También se incluye en el “combo” el inevitable síntoma de décadas postergación, pobreza y exclusión por el centralismo limeño. Porque más allá de factores recientes—la pandemia, las repercusiones mundiales de la invasión rusa a Ucrania, la corrupción, y el desgobierno de Castillo—la pauperización del país es atribuida, especial y fuertemente por sectores de izquierda radical, al “modelo neoliberal” sostenido legal e institucionalmente por la Constitución de 1993, promulgada en el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).
Regresa entonces a la mesa el debate sobre el eventual reemplazo de la polémica Carta Magna, con pedidos de una asamblea constituyente. Pero produce dudas y temores en ciertos sectores y pondría en entredicho el actual modelo que, con sus falencias innegables y necesidad de mejoras, sacó a millones de peruanos de la pobreza de manera sostenida durante las últimas tres décadas. Es por ello que, sea proponer “echar a la basura” el modelo, o sea defenderlo a ultranza producirá (si es que no lo está haciendo ya) otra grieta profunda e irreconciliable entre los peruanos, acentuando así la desconfianza y polarización.
En conclusión, lo que pudo ser el “chuchaqui” peruano—consecuencia directa de una intentona golpista que más pareció una mala broma y que hoy día ya no da risa—ha llevado al Perú a su peor crisis política en muchos años y ha desnudado una serie de resentimientos latentes, así como demandas legítimas de inclusión socioeconómica.
De no encontrarse una solución política que atienda los reclamos antes enunciados, este podría ser el inicio del eslogan que ya conocemos muy bien en Ecuador: “¡que se vayan todos!”; o en un escenario aún peor, podría llevar a que más sectores de la sociedad civil y de la política peruana coqueteen con la idea del uso de la violencia política para lograr sus fines protervos, como ya ocurrió antes y parece repetirse hoy.
