El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y la Fiscal general del Estado, Diana Salazar, acudieron al Pleno de la Asamblea. Los funcionarios presentaron informes de gestión, en los que aludieron al combate al crimen organizado.
A su salida del hemiciclo, este martes 17 de enero de 2023, la fiscal Salazar evidenció su malestar: muchas curules estuvieron vacías y muy pocos asambleístas prestaron atención.
«Acabamos de exponer el trabajo de la Fiscalía General del Estado, cómo estamos luchando contra el crimen organizado, contra las organizaciones dedicadas a lavar activos y no les interesa. Es lamentable», dijo a la prensa.
Sin ahondar en detalles, aseguró que la Fiscalía actuará con imparcialidad y objetividad frente a la supuesta red de corrupción en empresas eléctricas. Mientras que la Asamblea prepara la conformación de una comisión multipartidista para sus investigaciones.
«El compromiso es el mandato constitucional y legal, investigar todos los hechos, vengan de donde vengan, con la objetividad e imparcialidad que caracteriza a la Fiscalía», mencionó Salazar.
Crimen organizado
En su intervención, la Fiscal llamó a la Asamblea a trabajar en reformas en materia penal, extinción de dominio y sobre el sistema nacional de protección y asistencia a las víctimas.
«El crimen organizado está avanzando; el crimen organizado se está tomando la sociedad”, dijo Salazar, quien exhortó a las instituciones a unir fuerzas para luchar contra este mal. «La Fiscalía está haciendo su trabajo, ahora les toca a ustedes (asambleístas), con responsabilidad y urgencia actuar como la sociedad y la ciudadanía demanda».
La funcionaria detalló que, en el momento, esta institución cuenta con seis fiscalías (4 en Quito, 1 en Guayaquil y 1 en Azuay), dedicadas a enfrentar al crimen organizado. “Esa unidad se encarga de identificar aquellas estructuras que han permeado a nuestra sociedad”.
Con este mecanismo, precisó, en 2022 se gestionaron 126 noticias de delito. De ellas, 101 se encuentran en investigación previa, 8 en instrucción fiscal, 7 en audiencia preparatoria de juicio y 7 en etapa de juicio.
«Se ha procesado a 126 personas relacionadas con organizaciones delictivas, de las cuales 14 fueron sentenciadas y 14 tienen auto de llamamiento a juicio», mencionó.
En el balance incluyó las acciones contra las bandas de los Tiguerones, Lagartos, Oliver Sinisterra y Chone Killer. Solo en el caso que involucra a Junior Roldán fueron procesadas 36 personas por tráfico de armas.
Lavado de activos
También resaltó el trabajo de la unidad antilavado de activos, que gestiona 576 casos, de los cuales 54 ingresaron en 2022.
Entre ellos se refirió al caso que trata sobre la utilización, para este ilícito, del sistema de pagos de compensación regional (Sucre). “En este proceso se encuentran involucradas 63 personas, entre naturales y jurídicas, quienes a través de simulación de exportaciones ingresaron al sistema financiero nacional más de USD 300 millones”, precisó.
Por su lado, el presidente de la Judicatura resaltó que el 8 de septiembre de 2022 ese organismo aprobó el protocolo para la destrucción de sustancias sujetas a fiscalización. Aseguró que desde septiembre hasta el 31 de diciembre este instrumento permitió la destrucción de 81 toneladas de droga que permanecían almacenadas varios años.
Apuntó que en la unidad de transparencia en el 2022 se iniciaron 111 investigaciones por concusión, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita.
Sanciones a operadores judiciales
Murillo precisó que en 2022 un total de 77 servidores judiciales fueron destituidos por irregularidades; entre ellos, 29 jueces, 11 secretarios y 6 fiscales. Sin embargo, mencionó que también se requiere de acción de los jueces superiores.
«El país quiere respuestas inmediatas y tenemos que dárselas. Los jueces superiores deben ejercer su potestad correctiva, declarar el error inexcusable, el dolo o la manifiesta negligencia para que el Consejo de la Judicatura pueda ejercer su potestad disciplinaria», enfatizó.
Detalló que el año paso se presentaron 217 denuncias contra jueces, aunque solo 19 han terminado en sanciones.