Para la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, no está “tan mal” que el organismo deba pagar $ 6.900 de reparación integral al vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Fausto Murillo, frente a otros que les toca “pagar $ 2 millones” por procesos judiciales.
Una sesión extraordinaria del 25 de enero, para aprobar el presupuesto a ejecutarse en el 2022, así como el Plan Anual de Contratación, fue el momento en que el consejero Hernán Ulloa aprovechó para pedir explicaciones a la presidenta respecto de dónde saldrán los recursos para cancelar este valor.
Ella le respondió: “Ciertos jueces cometen errores… porque tengo entendido que les ha dado una… la Corte Constitucional, les han dado una… a esos jueces que fueron removidos, y que supuestamente tienen toda la razón y, conocedores del derecho, también les están haciendo pagar millones de dólares por una acción de inconstitucionalidad (no precisó a qué caso se refería). Más o menos creo que les toca $ 2 millones, y en comparación a los $ 6.000 creo que no estamos tan mal”, expresó y soltó unas carcajadas.
“De algo le ha de servir los $ 6.000″, reprochó en referencia a Murillo. Reflexionó que los “más perjudicados son el pueblo y de eso no hay que reírse”, y regañó a sus colegas: “Todos tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos, eso es lo correcto y es lo que el pueblo merece”.
El pago de esta reparación integral fue dispuesto por un Tribunal Contencioso Administrativo a favor de Murillo, después de que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha reconoció que hubo afectaciones a sus derechos por haber sido removido de su cargo en abril del 2021.
El Tribunal ordenó al Consejo de Participación Ciudadana pagar $ 6.991 en noviembre pasado, pero no se había concretado por falta de recursos.
Pero este 26 de enero el organismo informó que este valor se depositó en una cuenta de ahorros de Control de Depósitos Judiciales del Consejo de la Judicatura, una vez que el pleno del CPCCS aprobó el presupuesto del 2022. Esto ocurrió el martes pasado.
Aún resta que se acrediten valores por aportes patronales a Murillo por $ 877,35 más los aportes personales por $ 850,03, correspondientes al tiempo en que fue sacado de sus funciones de la Judicatura.
Esto sucedió porque en abril del 2021 Murillo fue removido de sus funciones por el Consejo, con base en un informe elaborado por el exministro del Trabajo Andrés Isch, en el que se argumentó que tenía impedimento legal para ejercer el cargo.
En la sesión virtual de ese entonces fue la presidenta Sofía Almeida quien mocionó removerlo.
La respaldó el consejero Javier Dávalos, y con los votos de Almeida, Dávalos, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira se lo sacó de la Judicatura.
No obstante, Murillo interpuso acciones de protección, que en un tribunal de primera instancia lo desfavoreció, pero los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha concluyeron que se vulneraron sus derechos de defensa, que se actuó sin la competencia constitucional y legal para resolver la remoción.
Además, que se omitió el cumplimiento de la debida motivación y no se notificó el inicio del procedimiento que se seguiría en su contra ni se le permitió comparecer, presentar pruebas y analizarlas. (I)