Mientras un convoy policial y militar escoltaba anoche a Luisa González hacia el Centro de Privación de Libertad de Mujeres de Riobamba, en Chimborazo, Santiago Díaz Asque permanecía en la Cárcel 4 de Quito. La distancia entre ambos no es solo geográfica.
Santiago Díaz es el cooperador cuya declaración impulsó la investigación que terminó en la prisión preventiva de la excandidata; un sentenciado que, desde hace meses, cumple condena en un centro de mínima seguridad históricamente reservado para exfuncionarios de alto perfil.
La noche del viernes 23 de octubre de 2026, González salió del Cuartel Modelo de Guayaquil, voló hasta Latacunga y fue trasladada por tierra hasta las puertas de la cárcel de Riobamba, donde llegó pasadas las 21:00.
El juez Harry Navarrete había acogido el pedido de la Fiscalía en el caso Laberinto y le había dictado prisión preventiva por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
Díaz, que ya estaba privado de libertad, también recibió prisión preventiva en la misma audiencia. Pero él no salió de la Cárcel 4.
La declaración que abrió el expediente
El 30 de enero de 2026, Díaz fue sacado de la Cárcel 4 y llevado a la Fiscalía General del Estado en Quito. Allí rindió una versión libre y sin juramento. Al salir, ante las cámaras, dijo que el país necesitaba “un baño de verdad” y afirmó: “Yo trasladé por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela a Ecuador”.
Según lo que trascendió de su relato, habló de varios traslados de efectivo —montos que abogados de los investigados situaron alrededor de 20.000 dólares o euros— destinados a la campaña de González y Andrés Arauz.
Esa declaración alimentó el caso Caja Chica, que investigaba el presunto ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña del binomio correísta.
Se realizaron allanamientos, incluida la casa de González. Meses después, el caso Laberinto —centrado en inconsistencias en el origen y uso de recursos para publicidad y gastos de campaña, con cifras que rondan los 500.000 dólares o más— llevó a las detenciones del 22 de octubre y a la audiencia del 23.
La Fiscalía ha mantenido la hipótesis del dinero venezolano. Los abogados de los investigados calificaron la versión de Díaz de contradictoria, confusa y sin sustento documental sólido: fechas que no cuadran con el inicio formal de la campaña, montos y rutas inconsistentes incluso con declaraciones de personas cercanas a él.
El delito por el que ya está condenado
Mientras cooperaba, Díaz ya estaba procesado por otro caso. En diciembre de 2024, durante una reunión navideña en su vivienda, violó a una niña de 12 años, hija de una colaboradora de su despacho.
Según el relato de la víctima reproducido en el juicio, después de la agresión le entregó 140 dólares “como regalo de Navidad” y le pidió que no contara lo ocurrido.
El padre denunció el hecho en julio de 2025. Díaz permaneció prófugo durante un tiempo; el gobierno ofreció una recompensa de 100.000 dólares. Se entregó a principios de ese mes y fue enviado a prisión preventiva.
El 8 de mayo de 2026, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha lo sentenció a 29 años y 4 meses de prisión —la pena máxima agravada del delito de violación— porque conocía a la menor y abusó de la confianza que tenía por su relación con la madre.
También le impuso el pago de 5.000 dólares de reparación integral y ordenó tratamiento psicológico para la víctima. Díaz negó los hechos. Su defensa anunció apelación. La Revolución Ciudadana lo había expulsado de sus filas tras la denuncia.
Los privilegios en la Cárcel 4
Mientras esperaba juicio y luego cumplía la condena, Díaz recibió un trato que generó escándalo. Entre finales de 2025 y comienzos de 2026 fue trasladado casi a diario desde la Cárcel 4 al Centro Especializado en Rehabilitación Integral (CERI) de Conocoto.
Allí, donde su concuñado Andrés Vinueza era director, almorzaba, recibía a su esposa e hijos y utilizaba oficinas administrativas.
Un informe del Ministerio de Salud documentó consultas sin turno, atenciones en la oficina del director y registros irregulares. Ecuavisa reveló el esquema el 9 de febrero de 2026. Al día siguiente, el MSP destituyó a Vinueza y abrió una investigación. La vicepresidenta María José Pinto ordenó la desvinculación. El SNAI no dio explicaciones públicas detalladas sobre las autorizaciones de salida.
La Cárcel 4, una instalación pequeña en El Condado, norte de Quito, fue creada en 1994 para policías y luego se amplió a exfuncionarios, políticos y militares. Por allí han pasado expresidentes, ministros y procesados de casos de corrupción.
Es de mínima seguridad y ha sido descrita repetidamente como un centro con condiciones diferenciadas respecto a las cárceles regionales. No es el lugar habitual para un condenado por violación de menores que no sea exautoridad. Díaz encaja en el perfil de exasambleísta que históricamente justifica su ingreso allí.
Cooperación eficaz y sus límites
Díaz fue presentado como cooperador en el caso Caja Chica.
Abogados de la víctima de violación, como María del Mar Gallegos, cuestionaron que se le otorgaran beneficios o que su testimonio se usara de esa manera, argumentando que la figura de cooperación eficaz no aplica a un delito independiente de violencia sexual y que requiere verificación de las pruebas.
Los defensores de González, Arauz y otros investigados lo describieron como un resentido que “echó lodo sin pruebas” después de ser expulsado del movimiento. Correa y González lo acusaron de colaborar por venganza personal. La Fiscalía, por su parte, ha utilizado su versión como elemento de la investigación, aunque los casos de lavado siguen en etapa de instrucción y no hay sentencia definitiva.
Hoy, Díaz sigue en la Cárcel 4 con una condena de casi tres décadas por violación. Luisa González, cuya campaña él dice haber financiado con dinero traído de Venezuela, cumple prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Riobamba.
