El Tribunal Municipal de La Habana condenó a 9 manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J) a hasta 15 años de cárcel en una nueva sentencia, a la que accedió EFE este sábado.
El fallo, publicado este jueves, encuentra culpables de un delito de sedición a las 9 personas juzgadas -todos varones de entre 25 y 39 años- y los vincula con las «acciones violentas» que se sucedieron en aquella fecha en las inmediaciones de la popular Esquina de Toyo del municipio habanero de Diez de Octubre.
En este punto de La Habana se produjeron algunos de los incidentes violentos de unas protestas multitudinarias, espontáneas y eminentemente pacíficas.
Los acusados son Lázaro Yurisan Sarduy, condenado a 14 años de cárcel, Lázaro Osmel Salinas (a 15 años), Yoslien Rosa y Yunier Sánchez (ambos a 11), Deyvis Javier Torres, Carlos Pérez Cosme y Reinier Borrell (10), y Alcides Peró Candó y Manuel Bermúdez (ambos con 5 años de trabajo correccional sin internamiento).
La defensa de Sarduy, enfermo de sida desde 2019, razonó que no existían pruebas suficientes para procesarlo.
Gritaban «¡Libertad!»
Reinier Borrell expuso que ni siquiera se encontraba junto a los manifestantes sino manejando una moto hasta la Esquina de Toyo «por curiosidad». Otros abogados expusieron argumentos similares sobre la no participación «directa» de los acusados en los hechos del 11J.
El fiscal Roeldys Matos Delgado acusó a los jóvenes de «alterar tumultuariamente el orden y la disciplina social», además de atentar contra las autoridades y contribuir al «menoscabo del sistema socialista», según describe el sitio 14yMedio. Admitió que los manifestantes eran «miles de personas», en contraste con las versiones oficiales que pretendió imponer la prensa oficial.
Matos expuso que la «turba» avanzó desde los alrededores del cine del barrio habanero de Mantilla, a través de la céntrica calzada de Diez de Octubre, gritando «frases ofensivas» contra Miguel Díaz-Canel y la Policía. La Fiscalía acusó a los manifestantes, además, de utilizar «piedras, palos y variados objetos» contra los agentes.
La Fiscalía alega que los jóvenes gritaban «¡Libertad!» a viva voz y cantaban el estribillo de Patria y Vida, una canción «inspirada en sentimientos contrarios al sistema estatal socialista», además de que los agentes los habían escuchado decir, en más de una ocasión, «Díaz-Canel, eres un singao«.
La sentencia -que no es firme y puede ser apelada- habla de lanzamiento de objetos contundentes contra la Policía y agresiones a agentes.
Sedición
Además de azuzar a otras personas para sumarse a la protesta y participar en acciones violentas, el tribunal afirmó que los acusados «esperaban formar una gran conglomeración siguiendo sus objetivos y orientaciones de los enemigos de la revolución en aras de derrocar el Gobierno constitucional socialista».
La defensa alegó por su parte en todos los casos que no se había producido el delito de sedición. La sentencia asegura que los hechos van más allá de los tipos de manifestación ilícita y desórdenes públicos.
En total, las condenas suman 81 años de cárcel para 7 de los afectados y 10 años de «privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento» para los dos restantes.
Activistas y ONG criticaron estos juicios y denunciaron la fabricación de pruebas, la falta de garantías y las elevadas penas impuestas.
Los juicios por el 11J no son abiertos y los medios de comunicación internacionales no pueden acceder a los procesos. Los medios oficiales en general no reportan sobre estos juicios. Diplomáticos y ONG pidieron sin éxito poder asistir.
700 sentencias
Hace ahora un año, la Fiscalía General informó el procesamiento de 790 personas en relación a estas manifestaciones, 55 de ellos de entre 16 y 17 años (la edad penal mínima en Cuba son los 16).
Esta es la segunda sentencia relativa al 11J que se publica en lo que va de mes. En la anterior, 15 personas fueron condenadas a hasta 13 años de cárcel.
Hasta el momento se han dictado unas 700 sentencias relacionadas con el 11J, según el registro que llevan organizaciones como Justicia 11J y Cubalex. De estos casos, algunas penas ascienden hasta los 30 años de cárcel por el delito de sedición.
Las protestas antigubernamentales del 11J, las mayores en décadas en Cuba, se produjeron en un contexto de grave crisis económica, por la conjunción de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones de EE. UU. y los errores internos en política monetaria.
El ministro cubano de Justicia, Óscar Silvera, mantuvo este enero un encuentro con embajadores de la Unión Europea donde desde el bloque comunitario llegó a plantearse el indulto de manifestantes del 11J, según pudo saber EFE.
