Guayaquil, Ecuador
El caso de Lorena Collantes, ya no nos debe llamar la atención, ni siquiera para Ripley. Lorena Collantes interpuso una acción de protección contra el Consejo de la Judicatura y Procuraduría del Estado, fue aceptada por la jueza Jenny Freire Arias de la Unidad Judicial Penal de Quevedo que establece que hay una “evidente violación al derecho a la defensa” y ordena que Lorena Collantes debe integrarse “a las funciones que venía desempeñando como jueza de la Unidad Judicial Florida Norte de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil”; además, “se procede el pago de las remuneraciones con sus respectivos intereses y demás beneficios de ley a partir del momento de su destitución (26 de octubre de 2016) hasta cuando se haga efectivo su reintegro”, es decir la bicoca de más de 200 mil dólares y como si esto fuera poco, el Consejo de la Judicatura debe pedirle disculpas públicas.
Esperamos el pronunciamiento de la Asociación de Jueces y Magistrados que tiene como sus miembros a jueces honorables, pero igual, a jueces que avergüenzan al gremio y al país.
Con la restitución de la jueza Lorena Collantes los ecuatorianos vamos a volver a probar su poder.
Para variar, como estamos en plena campaña electoral, los candidatos a las diferentes dignidades que se disputan el favor ciudadano, nos ofrecen el “oro y el moro”, no importa que no sea de su incumbencia, total, ofrecer no cuesta nada. Los candidatos parece que no les importa que los electores conozcan que si pagan o no los impuestos. Me pregunto: si son elegidos, con qué autoridad moral van a exigir a los ciudadanos los tributos que están obligados a pagar.
Los medios de comunicación se han tomado la molestia de publicar información de los candidatos con foto a colores incluida, el partido o movimiento que los auspicia, los procesos legales que han tenido, multas de tránsito, su patrimonio y sobre todo cuanto han pagado por impuesto a la renta en el año anterior (2022); como el fenómeno es el mismo en todas las candidaturas, me voy a referir a los candidatos a concejales del distrito 3 de Guayaquil: son 13 candidatos principales de la lista, 7 no registran el pago, 2 no han presentado la declaración, 2 declaran cero; uno ha pagado 275,90 dólares, otro, 2096,09 dólares; un buen número de ellos en el año 2022 han tenido empleo, es decir ingresos. En cuanto a procesos legales, unos han sido enjuiciados por no pagar la alimentación de sus hijos, otros por extorsión, estafa, defraudación, falsificación de firmas y en cuanto a patrimonio, no es diferente, o no registran y los pocos que lo hacen, las cifras son exiguas, van desde los 2 mil hasta 90 mil dólares, siendo así, cómo financian su campaña.
Vale la pena señalar que lo que declaran no se compadece con el nivel de vida que se conoce que tienen la mayoría de los candidatos. Esto es solo una muestra, no hay mayores diferencias con el resto de candidaturas.
No hay que admirarse que algunos candidatos porten grillete electrónico, el Código de la Democracia permite que pueden candidatizarse ciudadanos procesados por supuesta delincuencia organizada, peculado, sentenciados por narcotráfico, asesinato, glosados, deudores, aduciendo que solo se pierden los derechos políticos cuando la sentencia está en firme.
Alberto Molina Flores