Guayaquil, Ecuador
El legislador Fernando Villavicencio, uno de los más lúcidos, a mi juicio, de los que ocupa una curul en la Asamblea Nacional, ha declarado la mañana de este martes, ante la prensa acreditada en el Palacio Legislativo, que tras la dura derrota de la consulta popular en los comicios del domingo, el Presidente Guillermo Lasso carece ya de capital político para gobernar y que en consecuencia, como una forma de hacerse a un lado, debería convocar a una muerte cruzada, cerrar el Congreso y llamar a elecciones anticipadas. Yo discrepo.
No es verdad que Lasso carezca de capital político para gobernar. Su legitimidad descansa en la Constitución que prevé que los presidentes elegidos por el pueblo gobernarán durante cuatro años y no cesarán en sus funciones sino en los casos previstos por la ley. Perder un referéndum en el que no se pregunta sobre la estabilidad del gobierno no está entre ellas. En septiembre de 2022, por ejemplo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, perdió, con el 68% en contra, un plebiscito para reformar la Constitución, en una campaña en que se jugó su propio prestigio. Y no ha pasado nada. Ahí está Boric, una de las estrellas de la izquierda internacional, gobernando cómo manda la ley y decidió la voluntad popular.
Y esto sin contar al entonces Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien en 2016 perdió el plebiscito para aprobar los acuerdos de pacificación a los que había llegado con las FARC. No solo que Santos siguió gobernando hasta el final, sino que además hizo exactamente lo contrario de lo que había decidido el pueblo, concretó los acuerdos con las FARC y además recibió el Premio Nobel.
Ni siquiera es la primera vez que un presidente ecuatoriano pierde un plebiscito. Sixto Durán Ballén perdió la consulta popular de 1995, en el que preguntaba sobre la privatización de la seguridad social, y no pasó nada. Durán Ballén siguió gobernando hasta el último día. En 1986, el presidente León Febres Cordero perdió el referéndum en el que preguntaba sobre la capacidad para ser candidato a alguna dignidad sin estar afiliado a un partido político, ¡y no pasó nada! Febres Cordero siguió gobernando hasta dos años después, cuando entregó el poder al nuevo gobernante, el doctor Rodrigo Borja.
Si un presidente tuviera que renunciar al poder si pierde una consulta popular, pues nunca correría ese riesgo. El capital político de un gobernante se fundamenta en la Constitución, y esta le entrega las herramientas necesarias para permanecer al mando. El respeto a la ley. La obligación de hacerla respetar. Y la facultad para utilizar la fuerza, de manera legítima, si fuera el caso.
¿Que no va a ser fácil? No lo es desde el primer día. En menos de dos años, el presidente Guillermo Lasso ha sorteado tres cruentos intentos de golpe de Estado, que ha dejado un reguero de alrededor de ochenta muertos (si incluimos ahí la masacre carcelaria de noviembre de 2021, organizada para crear la conmoción social que se requería como causal de destitución; la revuelta indígena de 2022; y el paro armado de noviembre de 2022, que durante tres noches incendió gasolineras y asesinó policías).
No. No va ser fácil. Pero para eso está la ley. Y las fuerzas del orden. Hasta el momento, lo más peligroso es la captación de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la alianza del correísmo con el Partido Social Cristiano. Es un peligro potencial. Si el nuevo CPCCS se comporta dentro de la ley y los parámetros de la decencia, si sus miembros actúan con independencia de los líderes políticos que los pusieron en esas listas, no habría problema alguno. Si no lo hacen, existe un marco jurídico para hacerlos entrar en vereda.
Ciertamente, el gobierno ha entrado en el momento más duro de su mandato. Lo ha hecho voluntariamente, eligiendo una consulta popular que no solucionaba en nada sus problemas de gobernabilidad, tras descartar una muerte cruzada que pudo dársela hace un año, y que evidentemente ya no funciona para esos fines. Tiene todavía, sin embargo, enormes recursos, todos legales y constitucionales, además del respaldo internacional a los gobiernos democráticos, para seguir gobernando, y conjurar un cuarto intento de golpe de Estado, en el caso hipotético de que este se produjere. Vale.
