En la investigación que desarrolla la comisión ocasional de mayoría de oposición en la Asamblea Nacional del caso ‘El gran padrino’, con la que se intentaría enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, se han sumado elementos en contra que empiezan a debilitar la iniciativa.
«La Asamblea es un ente autónomo y no va actuar bajo presión de ninguna organización por más respetable que sea. La Asamblea actuará de forma seria y oportuna de acuerdo al informe que emita la comisión, con las pruebas respectivas», afirmó Darwin Pereira, asambleísta de Pachakutik.
El parlamentario recordó que el informe de la comisión no es vinculante. «A nosotros nos corresponde actuar en derecho y en base a lo que diga la ley. Sin pruebas no habrá juicio político, si es que hay pruebas habrá juicio», indicó.
Discrepancias
La participación de Mireya Pazmiño (expulsada de Pachakutik) en la comisión ocasional es otro factor que genera discrepancias en esta agrupación. «Nosotros no nos sentimos representados en la comisión ocasional como movimiento Pachakutik. Mireya Pazmiño ya no pertenece a la bancada de Pachakutik», dijo Pereira.
La bancada, además, analiza la permanencia del legislador Ricardo Vanegas. «Es público y notorio que (Vanegas) se ha convertido en un defensor nato del señor Guillermo Lasso», agregó el legislador.
Por otro lado, María José Plaza, legisladora de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN-CREO), rechazó que la Conaie «dé órdenes a la Asamblea», e insistió que el artículo 129 de la Constitución no determina «causal alguna» para enjuiciar al Presidente de la República.
El contrapeso del Frente Parlamentario Anticorrupción
El Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA) hará contrapeso al informe que, se estima presentará hasta este miércoles la comisión ocasional.
Fernando Villavicencio, asambleísta y uno de los siete integrantes del FPA, hizo público el informe sobre la investigación de la presunta mafia albanesa. Explicó que de los 48 administradores de unidades de negocios de las principales empresas públicas (del sector eléctrico) provenían de los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno.
«Estas estructuras de corrupción son de larga data y, lamentablemente, hasta la fecha el Gobierno de Guillermo Lasso no ha podido expulsarlas del sector público. Ecuador se ha convertido en un narcoestado, las operaciones de estructuras criminales datan desde hace aproximadamente 20 años» señaló.
Dijo que a pesar de que Lasso recibió el informe llamado ‘León de Troya’, en el cual se establecen presuntos vínculos entre la denominada mafia albanesa con Rubén Cherres y Danilo Carrera, el 7 de julio de 2021, aseguró que el mandatario «no está vinculado directamente en esta presunta estructura criminal».
Bajo investigación
Un informe de la Policía Antinarcóticos de más de 35.000 páginas -filtrado al medio digital La Posta- vincularía al entorno presidencial con Rubén Cherres, supuesto integrante de la mafia albanesa, estructura criminal supuestamente vinculada al narcotráfico.
La comisión ocasional está integrada por Pedro Zapata (PSC), Diego Esparza (Partido Socialista Ecuatoriano), Rodrigo Fajardo (ID), Mireya Pazmiño (PK), Viviana Veloz (Unes), Gruber Zambrano (BAN); y, Augusto Guamán (independiente)