Quito, Ecuador
El 8 de marzo se conmemora, desde 1975, el Día Internacional de la Mujer, como consecuencia de las diferentes manifestaciones en favor del derecho al voto femenino, mejorar sus condiciones laborales y, en general, la igualdad de derechos para las mujeres.
A pesar de que la lucha por la igualdad ante la ley de hombres y mujeres es mucho más antigua y ha cosechado múltiples logros, hoy a 2023, todavía existen problemáticas estructurales por las que trabajar. Algunas de estas deficiencias son antiguas y han sido creadas recientemente a modo de falsas compensaciones que sólo contribuyen al desbalance social.
Persiste, por un lado, un latente machismo en nuestra sociedad y en las principales instituciones sociales y políticas. Según el INEC, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. La creencia de que se puede denigrar a una persona por sus características femeninas; relegarlas de puestos de toma de decisiones; discriminarlas por la maternidad; o justificar la violencia y acoso por su vestimenta o ciclo hormonal, sigue siendo un problema real. Aún se perpetúan múltiples estereotipos que, como sociedad, debemos seguir reconociendo y desechando.
Como inadecuado contrapeso de este problema, ha crecido en movimientos feministas radicales un discurso de victimismo. Una suerte de autoridad moral basada en la discriminación sufrida, como si el daño causado fuera directamente proporcional a la facultad de realizar acusaciones indiscriminadas, de imputar a una sociedad y a un estado como responsables, y de perpetuar un victimismo impositivo, incapaz de generar un trabajo constructivo en la sociedad. Movimientos que reivindican acciones que muchas veces denigran la condición de la mujer.
Este doble problema, se ve acompañado de una postura que, en pos de la mujer, las invisibiliza y desnaturaliza. Nos referimos especialmente a la problemática de las mujeres trans. Sin perjuicio de sus propios derechos y de la protección jurídica que merecen, tratar a mujeres trans en calidad de mujeres es particularmente discriminatorio para las mujeres biológicas. Las cuotas afirmativas para mujeres ahora se ven diluídas y repartidas entre mujeres y mujeres trans, una discusión que incluso se lleva al ámbito de los deportes femeninos y las competencias de belleza.
Mientras mujeres y mujeres trans compiten por el mismo reconocimiento de derechos, en nuestro país las mujeres biológicas siguen relegadas y sometidas a violencia. En Guayaquil, una psicóloga enfrenta hasta 7 años de cárcel por denunciar el abuso sexual de una menor por parte de su padre. Cuando la justicia y el aparato estatal deberían actuar conforme a derecho, y de manera especial para proteger a una niña víctima de abuso, a una profesional que valientemente denuncia el hecho y a una madre que busca proteger a su familia, el sistema les da la espalda.
La denuncia de abuso sexual no prospera, mientras que el amedrentamiento a la madre de la menor y la psicóloga por parte del padre, abogados, fiscales y jueces inescrupulosos, avanza en tiempo récord vulnerado su derecho a la defensa y perpetuando los abusos al silenciar a los denunciantes.
El 8 de marzo no se trata de una lucha de sexos, es real que todos tenemos que trabajar en conjunto para que el 49.5% de mujeres que constituyen la población mundial puedan vivir y desarrollarse de manera integral en nuestra sociedad, y ese trabajo nos corresponde a todos, incluso quienes no nos identificamos como feministas, pero que sí trabajamos por la reivindicación de los derechos de las mujeres.
