Los abogados Xavier Flores y José de la Gasca han presentrado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la imputación del abogado Eduardo Carmigniani en el caso ‘Sinohydro’, que indaga un supuesto reparto de sobornos por US$76 millones en la adjudicación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
«La petición busca la intervención de este organismo en materia de derechos humanos, ante la petición de prisión preventiva que fue hecha la semana pasada contra el abogado Carmigniani», señala el comunicado emitido por Flores y de la Gasca.
Ambos destacan que la petición de Fiscalía sería un «secuestro judicial» por la grave situación carcelaria que atraviesa el país «en la que las mafias y el crimen organizado tienen el control de las cárceles». Además, destacaron que «su encarcelamiento supondría un alto riesgo para su vida y su integridad personal».
También alegan que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, no mencionó ningún indicio que lo vincule en el cometimiento de algún ilícito, menos aún con el pago de algún soborno. «Si bien no se estableció prisión preventiva contra Eduardo Carmigniani, la situación de riesgo a sus derechos no ha cesado», continuaron.
Rechazaron las declaraciones de Salazar expuestas en un comunicado donde desestimó que se la acuse de ‘criminalizar la profesión (de abogado)’ y advirtió que ciertos procesados han tratado de engañar a la ciudadanía y manipular la opinión de sus colegas, «invocando un espíritu de cuerpo que podría encubrir actos reñidos con la Ley».