El inminente juicio político al presidente Guillermo Lasso volverá a poner a prueba los preacuerdos entre la bancada correista de la Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC), los disidentes de la Izquierda Democrática (ID) y del Pachakutik (PK) y de algunos independientes.
En el correísmo están convencidos de que esta mayoría coyuntural que les permitió plantear la interpelación a Lasso se mantendrá hasta el día en que en el Pleno de la Asamblea se produzca la votación para una eventual censura y destitución del mandatario.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) dispone que para este propósito se necesita de una mayoría calificada de 92 votos. Hasta el momento, los bloques legislativos de oposición tendrían 94 voluntades.
“Los diálogos no se han roto”, declaró Pamela Aguirre (UNES) y defendió la vigencia del pacto. Su afirmación se produjo 24 horas después de que la Corte Constitucional (CC) emitiera un dictamen admitiendo a trámite el juicio por el presunto delito de peculado.
Sin embargo, tendrán que pasar al menos 45 días para que el Presidente sea llamado al Pleno para defenderse
Votos en duda
“Habrá que ver (si hay los 92 votos)”, dijo Pedro Zapata (PSC), quien integró la comisión ocasional que investigó el caso el ‘Gran Padrino’, que derivó en la interpelación al mandatario, y que también planteó un preacuerdo.
¿En qué consiste el preacuerdo? “Que la Asamblea debía actuar de inmediato tras las denuncias del medio digital La Posta, formar parte de la comisión, y el compromiso de llegar hasta lo último (enjuiciar a Lasso), pero claro, en política puede pasar cualquier cosa y, en su momento, los acuerdos también pueden romperse; en el Legislativo hay mayorías móviles, así que veamos qué pasa”, respondió Zapata.
En medio del proceso de interpelación al primer mandatario, el PSC traza la cancha y dice que los 92 votos para la censura y destitución de Lasso solo se verán el día de la votación.
Según Zapata, los preacuerdos no pesarán cuando se inicien las negociaciones para la elección de nuevas dignidades en el Legislativo, prevista para el 14 de mayo de 2023. “No se ha hablado de ese tema”, aseguró.
Sesión del CAL
La suerte de Guillermo Lasso se empezará a debatir en la Asamblea tras el fallo de la Corte Constitucional. Para las 09:30 de este viernes, 31 de marzo de 2023, está convocado el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) para avocar conocimiento del dictamen y remitir a la Comisión de Fiscalización. Dicha mesa legislativa está integrada por los independientes Fernando Villavicencio, Luis Segovia, Marco Troya, Pedro Velasco (Independientes); Gabriela Molina, Comps Córdova, Roberto Cuero (UNES); Ana Belén Cordero (CREO), y Pablo Muentes (PSC).
Para que esta Comisión pueda aprobar un informe con las razones por las que recomienda o no al Pleno continuar con el juicio necesita contar con cinco votos.
Ana Belén Cordero dijo que si no existen los votos para la aprobación se producirá “un vacío legal”. A su criterio, esto podría ser subsanado con una consulta a la Dirección Jurídica de la Asamblea o a la Procuraduría General del Estado (PGE).
La acusación por presunto peculado (disponer arbitrariamente de recursos públicos) que consta en el trámite de juicio político se refiere a la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), que habría suscrito contratos con Amazonas Tanker para el transporte de crudo. Estos acuerdos se habrían firmado por presiones de Hernán Luque, exgerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).
Los legisladores de oposición argumentan que el Presidente habría conocido del perjuicio que esos contratos ocasionarían al Estado. En un escrito que Lasso envió a la Corte Constitucional se señala que los contratos en Flopec ocurrieron entre 2018 y 2020, cuando aún no gobernaba.
La posición de un Pachakutik dividido
El movimiento Pachakutik sorprendió por su nuevo discurso. Después del pronunciamiento de la Corte Constitucional, Salvador Quisphe dijo que votarán por la destitución “no solo por los presuntos indicios de peculado, sino por la incapacidad para resolver los problemas de desempleo e inseguridad”.
Pero horas después, Mario Ruiz, jefe de bloque en el Legislativo, aclaró que primero analizarán el documento que remita la Corte que, según comentó, no habría realizado ninguna valoración acerca de causales y pruebas. “Habrá que ver las pruebas que se presenten en la Comisión de Fiscalización. Esto será analizado dentro del marco democrático y lo que establece la Ley de la Función Legislativa”.