Quito, Ecuador
¿Qué sucede cuando denuncias un delito de abuso sexual o de violación y nadie te cree? ¿Qué pasa cuando después de un año -o más- la investigación no avanza? ¿Qué ocurre cuando te enfrentas no solo al agresor, sino a fiscales y jueces? En suma, ¿qué haces cuando las vías legales para proteger tus derechos son sencillamente insuficientes?
Si tienes suerte, tu abogado no se rinde, persiste y empuja el proceso usando toda su inteligencia jurídica y agotando cada medio legal que puede. En cambio, si eres una o uno más, tu abogado decide que el caso ya no encabeza su lista de prioridades, pues es más rentable solucionar problemas fáciles y cobrar honorarios rápidos que desatar una lucha titánica para cosechar resultados minúsculos.
Esa es la lamentable realidad de la justicia ecuatoriana, donde se tutelan las pretensiones del mejor postor y se vende la dignidad de niños y mujeres víctimas de violencia. Pese al promedio de 309 llamadas que el ECU-911 recibe a diario y a la cantidad de denuncias de abuso o violación que se presentan, el número de sentencias condenatorias es ínfimo. En buena medida porque los factores que deciden muchos de estos casos son aquellos que escapan del universo jurídico.
Esos factores pueden ser muchos: machismo, desconocimiento, arrogancia, vagancia, enemistades, «favores» debidos, coimas, por señalar algunos. Este último -no es novedad- consigue mucho. Digamos que es, por excelencia, la manera más efectiva de excepcionarse al cumplimiento o aplicación de una ley. Con las coimas (tengo en mente un caso que llegó a mi conocimiento) es posible conseguir servicios muy específicos, tales como la quema de expedientes de abuso sexual y psicológico a menores y conseguir la impunidad para mantener el prestigio intacto.
Así las cosas, ¿cómo esperamos que las víctimas confíen en que iniciar una batalla legal sirva de algo? Ya en una columna previa señalaba que las injusticias tienen un efecto pluriofensivo, es decir que provocan un daño que trasciende el caso concreto. Y, en Ecuador, el daño ya está hecho: a cada víctima, pero también a todos.
José Gabriel Cornejo R / Abogado de Dignidad y derecho.
