Quito, Ecuador
A la mitad del camino del trámite legislativo el juicio político contra el Presidente está en veremos.
Todo empezó mal, una Comisión supuestamente multipartidista puso en la olla de cocción del juicio una serie de ingredientes abundantes en extensión, pero débiles e inconexos a tal punto que se elaboró un informe de más 200 páginas que los entendidos dicen que fue confuso e insustancial.
Ese informe recibió el apoyo de 104 votos de los 137 legisladores de la Asamblea, pero acto seguido varios de los asambleístas que lo respaldaron sostuvieron que su apoyo no era vinculante al juicio político. Así fue como la presentación del juicio a cargo de cuatro proponentes tuvo 59 firmas de respaldo.
El farragoso trámite en el Consejo Administrativo de la Legislatura incluyó una reconvención del organismo a los proponentes sobre el documento y supuso una corrección del texto.
Una vez que esa etapa quedó superada sin rubor, el expediente pasó al análisis de admisibilidad de la Corte Constitucional. Dicho alto organismo estableció en una jueza ponente el estudio del caso. Su análisis no tuvo sino tres votos de los nueve posibles y la Corte volvió a sortear a otro ponente y fijó al propio presidente del organismo para reforzar el dictamen que obtuvo la mayoría calificada de seis votos y la admisibilidad del juicio.
Pero la propia Corte acotó la materia del juicio en el presunto delito de peculado y lo circunscribió al caso Flopec. Los proponentes e interpelantes no pueden ni podrán referirse a la sustancia sino exclusivamente al tema aprobado.
La Comisión de Fiscalización ha presentado un deplorable panorama ante el país. Sesiones con altercados, tensiones y baja calidad del debate reflejaron serias deficiencias en el proceso. Un legislador de Unes llegó a decir que no hacía falta probar nada en el juicio. ¿Será, realmente que en tan delicado asunto que todo es cuestión de votos?
Cerrada la etapa de pruebas de cargo y descargo y los testimonios está en plena elaboración el informe que requerirá de cinco votos para recomendar el juicio. Esa responsabilidad corresponde a la Comisión de Fiscalización. El plazo de entrega del informe vence el 6 de mayo.
Hay un vacío legal, en caso de no obtener el apoyo de los cinco votos no hay norma que establezca el destino del juicio o su archivo. En todo caso la palabra de Guillermo Lasso de acudir ante el pleno legislativo está empeñada.
Por ahora, la debilidad de lo ventilado en el proceso en la Comisión de Fiscalización hace pensar a varios analistas que el juicio está caído y no contará con los 92 votos para la destitución del jefe de Estado.
Por ahora la censura cuenta con el respaldo de Unes – el correísmo – y del Partido Social Cristiano, que ya perdió un integrante en la refriega.
Los votos de Pachakutik (PK) se comprometieron en el Consejo Ampliado pero las posturas de varios asambleístas permiten concluir que no todos se alinearían a la destitución. El curso de los hechos quedará marcado por la renovación de la cúpula de PK de este fin de semana en Puyo en una reunión del Congreso del movimiento con cerca de 1500 delegados.
Mientras, el presidente de la Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador, Conaie, advierte a los legisladores de Pachakutik que deben votar por la destitución del presidente de la República. Pero si bien es cierto que Pachakutik es el brazo político de la Conaie, apenas un tercio de sus asambleístas son miembros de la organización indígena, los dos tercios son adherentes o afiliados al movimiento sin esa consideración atendiendo a que PK es un movimiento que se dice plural.
Otro partido que se halla dividido es Izquierda Democrática. Hay un bloque que evidentemente se decanta por la oposición y otro grupo que no comparte las tesis maximalistas de la destitución.
Pero el debate de los proponentes del juicio y los abogados presidenciales evidenció algunas fisuras como aquella del informe de la asambleísta Pazmiño, expulsada de PK, que había apoyado el contrato de Flopec con Amazonas Tanker y que ahora lo cuestiona al punto de sostener que hubo peculado y responsabilidad del Presidente. Lo mínimo que debieran hacer los futuros interpelantes – que todavía se desconocen – en lo que queda de tiempo y ya en el pleno, es probar el supuesto peculado, caso contrario la estantería del juicio se derrumbará y quedarán muy mal parados.
Por ahora siguen vigente los tres escenarios que planteamos en su momento: Que el juicio sucumba, que se dé paso a la destitución y sucesión del Vicepresidente o que el Presidente Lasso llame a último minuto a la muerte cruzada si ve que lo pueden destituir.
Todo este proceso desgasta al país sumido en una crisis de seguridad, con un invierno cruel y con el desgaste de la institucionalidad política, la justicia desprestigiada y la gente desesperada por urgentes rectificaciones y un camino claro para salir adelante.