El juez de Manabí Juan Eduardo Espinosa, quien declaró inocentes en un proceso de presunto enriquecimiento no justificado, lavado de activos y defraudación tributaria a familiares de José Adolfo Villamar, conocido como alias «Fito«, es investigado actualmente.
Cinco allegados de «Fito», cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, fueron beneficiados por la resolución judicial. Entre ellos están Inda Peñarriera, su esposa, Ronald y Ramón Macías, quienes son sus hermanos, y dos cuñados suyos, Jorge y Julio César Peñarriera.
En un principio, el puñado de procesados, todos con antecedentes judiciales por delincuencia organizada y asociación ilícita, entre otros delitos, fue sujeto a prisión preventivapor disposición del juez Espinosa, quien también ordenó la incautación de sus bienes e inmovilización de sus cuentas bancarias, en julio del 2020.
Dicha resolución fue alcanzada después de que el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) abrieran una instrucción fiscal contra los detenidos, quienes eran investigados por presuntamente conformar una red de lavado de dinero.
En el proceso se presentaron evidencias sobre depósitos de más de dos millones que habían sido dirigidos a cuentas en ocho bancos de la esposa de «Fito», enfermera de profesión, pruebas de la creación de dos empresas domiciliadas en Manabí en las que Inda figuraba como accionista, denominadas como fachadas por Fiscalía, según recoge el medio Teleamazonas.
No obstante, tres meses después de que se dispusiera la prisión preventiva, el juez Espinosa admitió los argumentos de la defensa en la audiencia de juzgamiento y posteriormente sobreseyó a los familiares del cabecilla, acción que devino en la su excarcelación y fue criticada por la Fiscalía.
El auto de sobreseimiento fue revocado por la Corte Provincial de Manabí en 2021. No obstante, aproximadamente un año después, un tribunal de dicha provincia ratificó el fallo de primera instancia y la inocencia de los procesados.
Tras ello, el juez Espinosa fue destituido por el Consejo de la Judicatura y enfrentó la apertura de un sumario administrativo. Como respuesta, presentó una acción de protección admitida en julio del 2022, apelada por Judicatura y actualmente revisada por la Corte Provincial.
En adición a la apelación, según recoge el portal Primicias, la Fiscalía ha abierto una investigación por presunto delito de prevaricato debido a que resolvió devolverle sus bienes a los detenidos, lo cual se presume como una acción que benefició de forma deliberada al crimen organizado.