Un día después de su posesión el flamante alcalde de Durán, Luis Esteban Chonillo, fue víctima de un atentado contra su vida. La rápida actuación de la Policía, la reacción del alcalde y sus acompañantes y una suma de coincidencias casi milagrosas, salvaron la vida de Chonillo, mientras sus dos custodios de la Policía Nacional, los cabo Jorge Tama y Cristian Ortiz, y fueron asesinados.
Aunque cada día son más comunes los casos escalofriantes, hemos perdido la capacidad de asombro. No lo permitamos. Que la noticia, y la alarma que ha provocado, no se vea superada por el siguiente titular de crónica roja o por las urgencias de la coyuntura política. Este intento de asesinato no es un “ajuste de cuentas”, ni se relaciona con el conflicto entre organizaciones criminales; se trata de un episodio agravado del avance de las organizaciones criminales frente a un Estado cada vez más débil, y cada centímetro que los criminales ganan en este combate es un retroceso de la democracia y del Estado de Derecho.
Lo que sucedió no fue un “mensaje” al recién electo alcalde. Quienes ordenaron y ejecutaron este ataque pretendían terminar con la vida de Luis Esteban Chonillo antes de que él asuma plenamente la función y tome sus primeras decisiones frente al municipio.
Durán es un cantón joven que escogió a su primer alcalde en 1992 y desde ese momento ha sido gobernado por el Partido Social Cristiano (excepto por un periodo del PRE en el 96 y el de Alexandra Arce, correísta, entre 2014 y 2019). Por su cercanía a Guayaquil y la facilidad de acceso a sus puertos, Durán se ha convertido en el parque industrial de Guayaquil y Guayas, lamentablemente también para las industrias criminales.
Es inevitable especular sobre las motivaciones de este ataque y hay que empezar preguntándose quiénes se beneficiarían con la muerte del alcalde. Ya que el municipio no se encarga de la seguridad, es imperativo pensar en intereses políticos, en las mafias que trafican tierras y aquellos que han hecho su negocio de la falta de agua potable en el cantón. También se debe poner atención sobre algo cada vez más común en el país: el lavado de dinero a través de la contratación pública.
Sea lo que sea, no podemos dejar pasar este episodio pues implica cruzar una línea muy delicada en la disputa que hoy existe por el control del territorio. En sus días más oscuros Colombia llegó a tener a más de 300 alcaldes viviendo fuera de sus propios municipios para preservar su vida, no podemos permitirnos algo similar.
Es urgente que el Estado dé con los responsables y los castigue con toda la severidad de la ley; pero es igual de urgente que como sociedad seamos capaces de hacer sentir a quienes aún están dispuestos a arriesgarse por su comunidad, por su gente, por el Estado de derecho; que no están solos. ¡Fuerza Chonillo!.
