Paula Lanata y Juan David Martínez
En tiempos donde la transparencia y las medidas anticorrupción están en boca de cualquier político promedio, sea lo que estos manejen como concepto, el conflicto de intereses también toma relevancia. La salida de Irene Vélez del Ministerio de Minas y Energía de Colombia podría servir de lección básica para próximas autoridades.
Acostumbrada a estar siempre en medio del escándalo, volvió a los titulares cuando se hizo público que a su esposo Sjoerd van Grootheest se le adjudicó un contrato de 129 millones de pesos (unos 31.000 dólares) con el Fondo Colombia en Paz, un vehículo financiero adscrito a la Presidencia. Aunque puede ser que en el proceso no haya existido ilegalidad o irregularidad alguna, este tipo de acciones solo contribuyen al pensamiento común de que todos los políticos abusan y ayudan a los suyos. Vélez se pronunció frente al contrato indicando que su esposo ejercía ese tipo de actividades hace años y que como cualquier familia en Colombia trabajan por sus hijos y los gastos del hogar.
Al revisar su declaración de intereses, un documento legal a los funcionarios públicos colombianos, hubo una sorpresa adicional. En su última declaración de bienes, rentas y registro de conflictos de interés, Vélez había asegurado que no tenía pareja. Un supuesto error de digitación que fue corregido, dijo Vélez. Pero, ¿acaso no quedan dudas sembradas? ¿Cómo olvidas mencionar tu sociedad conyugal al ser jefe de una cartera de Estado?
Brindando el beneficio de la duda y asumiendo que el proceso de adjudicación del contrato se realizó correctamente y que fue un error de tipeo omitir a su esposo en la declaración juramentada; saltó un nuevo escándalo que esta vez no podría surfear. En Colombia, al igual que en Ecuador, los niños y adolescentes necesitan permiso de salida de los padres o del padre que no viaja con el menor al salir del país.
En enero de este año, mientras la ministra cumplía agenda con el Presidente Petro en Davos, su hijo iba a salir del país pero le faltaba la autorización de su parte. Cuando el funcionario de migración a cargo iba a negar la salida, llegó una llamada de la ministra pidiendo que lo dejen salir y que ya cargaría el documento de permiso. ¿Cuántos colombianos pueden salir del país con los trámites incompletos solo porque sus padres se “comprometen a hacerlo”?
La Fiscalía de Colombia ya abrió una indagación contra Irene Vélez por posible tráfico de influencias. Vélez reprobó la lección de ética, salió del ministerio y se une a la lista de nefastos funcionarios que se saltan las más mínimas reglas a vista de todos.
En un momento en el que la corrupción se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas, la existencia de canales de denuncia y la implementación de medidas que garanticen el compromiso de las autoridades con el bienestar de todos los ciudadanos resultan imprescindibles.
Llegar a una instancia de decisión de ninguna manera puede convertirse en un mecanismo para “saltarse la fila”, por el contrario, son esos representantes quienes deben predicar con el ejemplo. La rendición de cuentas y el respeto al dinero público deben ser valores intrínsecos a cualquier funcionario, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que así sea.
