El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Argentina llegaron a un acuerdo técnico sobre la revisión de los objetivos y las metas del acuerdo de refinanciación de la deuda contraída en 2018 por este país con el organismo.
Con esta nueva revisión, que tendrá ahora que ser ratificada por el Directorio Ejecutivo del Fondo, Argentina recibirá un desembolso de 7.500 millones de dólares.
En un comunicado, el FMI recuerda que este es un acuerdo a «nivel de personal técnico» sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés) de 30 meses de Argentina, alcanzado en 2022.
La próxima revisión de este acuerdo para refinanciar la deuda contraída en 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) tendrá lugar en noviembre.
El acuerdo está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas.
Una vez completadas las revisiones quinta y sexta, Argentina tendrá acceso a alrededor de 7.500 millones de dólares.
El Fondo reconoce que desde la finalización de la cuarta revisión del acuerdo el 31 de marzo, la situación económica de Argentina se ha vuelto «muy desafiante» y no se pudieron cumplir los objetivos clave del programa hasta finales de junio debido sobre todo al impacto mayor de lo previsto de la sequía, que afectó de forma «significativa» a las exportaciones y los ingresos fiscales.
El FMI también lo atribuye, no obstante, «a los desvíos y retrasos en las políticas» que debe aplicar el Gobierno argentino.
Considera que dichos retrasos y desvíos «han contribuido a una fuerte demanda interna y una balanza comercial más débil» y eso ha llevado a no cumplir con los criterios de desempeño para la acumulación de reservas internacionales netas, el saldo fiscal primario y el financiamiento monetario del déficit fiscal a los que el país tenía que haber llegado a finales de junio.
También ha habido incumplimientos en las prácticas relativas a la moneda con la introducción de nuevas medidas cambiarias administrativas temporales.
El acuerdo incluye un «conjunto secuencial de medidas para reconstruir las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo la infraestructura crítica y el gasto social». Estos pasos están destinados a «fortalecer el programa».
En materia de política cambiaria, para sostener la demanda de pesos y hacer frente a la alta inflación, las autoridades continuarán asegurando que las tasas de política monetaria se mantengan suficientemente positivas en términos reales.
Además, la política monetaria seguirá siendo un instrumento clave para contener las presiones del mercado, con intervenciones centradas en abordar situaciones de condiciones desordenadas.
La meta de déficit fiscal primario para 2023 se mantiene sin cambios en un 1,9 % del PIB.
Para cumplirlo será necesario «un mayor endurecimiento» de la política fiscal en el segundo semestre de este año, junto con «otras medidas acordadas de ingresos y gastos, protegiendo los programas sociales y de infraestructura prioritarios».
Por el lado de los ingresos, «los nuevos impuestos sobre el acceso a divisas para bienes y servicios importados y las nuevas medidas para movilizar la liquidación de exportaciones ayudarán a compensar los menores derechos de exportación resultantes de la sequía».
Por el lado del gasto, el Fondo avisa que «siguen siendo necesarios esfuerzos para contener el crecimiento de la masa salarial» y actualizar las tarifas de energía para «reflejar mejor los cambios en los costos de producción», mejorando al mismo tiempo «la progresividad del sistema».
También se acuerda «fortalecer los controles de gasto a través de una asistencia social mejor focalizada» y una mayor racionalización de las transferencias corrientes a las provincias y empresas estatales.
El Fondo recalca que la senda fiscal acordada no supone una dependencia adicional del financiamiento monetario directo del déficit fiscal y valora los «recientes y exitosos canjes voluntarios de deuda» que han reducido significativamente los riesgos de refinanciación y se espera que apoyen la movilización de financiamiento interno neto adicional durante el resto del año.
En el comunicado, el FMI destaca que las autoridades argentinas se han comprometido a «aplicar firmemente el paquete de políticas en las próximas semanas y meses, y adaptarse de manera proactiva a la evolución de las condiciones externas e internas».
«También subrayaron una vez más su compromiso continuo de mantenerse al día con sus obligaciones financieras con el Fondo, en línea con sus objetivos de sostenibilidad externa», añade el comunicado. EFE (I)