Carlos Swanton
Miami, Estados Unidos
Mucho se ha dicho sobre la operación de Canje de Deuda por Naturaleza realizada por el actual gobierno en mayo de este año. Sus ejecutores técnicos han evidenciado ampliamente sus beneficios financieros y ambientales. Los detractores políticos han argumentado que el beneficio sería menor al anunciado y que se habría cedido la soberanía del país.
Por otro lado, la comunidad internacional, ha aplaudido la transacción y la ha ubicado como el nuevo referente para las operaciones de manejo de deuda con enfoque en conservación.
Pero, ¿en qué consiste el canje de deuda por naturaleza?
En primer lugar, enfoquémonos en los resultados financieros de la transacción.
A través de esta operación, el país cambió USD 1,6 billones (miles de millones) de su deuda en bonos internacionales, por una nueva deuda de USD 656 millones; es decir, un recorte inmediato de la deuda pública en cerca de 1000 millones de dólares.
Esta nueva obligación (USD 656 millones) que reemplaza la anterior tiene sus propias condiciones financieras. Como es lógico en cualquier tipo de operación financiera a nivel mundial, todo financiamiento implica que hay que repagar el capital, en este caso de USD 656 millones, además de intereses, comisiones y costos asociados a la operación. Entonces, si queremos comprobar que incluyendo todos los costos, la transacción sigue siendo altamente beneficiosa, lo adecuado será comparar lo que hubiéramos tenido que pagar por la obligación de USD 1,6 billones en bonos internacionales frente a lo que ahora debemos pagar por la nueva obligación.
En este sentido, la información de los bonos internacionales es pública; pagan una tasa de interés ajustable (cada cierto tiempo se va incrementado) que llega a un máximo de 6,9%, y no pagan ningún tipo de comisión o costo adicional. Aquí viene un dato clave: considerando los montos canjeados y el plazo de cada bono (2030, 2035 y 2040), el servicio de deuda (capital e intereses) sería aproximadamente USD 2,7 billones, que ya no se pagarían en los próximos años.
Por su parte, sobre los USD 656 millones se paga un interés anual de 6,975% y dos comisiones: una inicial de USD 12,75 millones y una anual de USD 18 millones. Seamos inclusive un poco más minuciosos en el análisis e incluyamos el pago que debe hacer el Ecuador para mantener la garantía de USD 85 millones otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que forma también parte de los costos de esta operación. De acuerdo al contrato suscrito con el BID, el país debe pagar aproximadamente USD 700 mil por año (0,85% del monto de la garantía). Considerando el plazo de la operación hasta el 2041, el servicio de la deuda (capital, intereses, comisiones y costos) sería de USD 1,6 billones.
Por lo tanto, al comparar ambos flujos, vemos una reducción del servicio de la deuda en USD 1,1 billones. Cifras que coinciden con lo que ha sido comunicado por el gobierno y reconocido a nivel internacional.
Se corroboran entonces los beneficios financieros de más de USD 1000 millones de dólares en reducción del saldo de deuda externa para el Ecuador producto de la operación de canje.
Ahora analicemos la parte de los recursos para conservación, pues aquí es donde se genera la mayor cantidad de dudas. El gobierno ha hablado de USD 450 millones para Galápagos. Es importante que se tenga claro de dónde salen estos recursos.
Luego de revisar los documentos que, hay que reconocer, por primera vez años que se presenta la información económica con total transparencia, están publicados en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas se pueden despejar esas dudas y entender cómo llegan esos recursos a beneficiar a las Islas Galápagos.
Si recuerdan, hace un momento mencioné unas comisiones anuales de USD 18 millones que son parte de los costos financieros del nuevo financiamiento de USD 656 millones. Por lo tanto, al haber asumido esta nueva obligación, el país debe realizar este pago al prestamista.
Es la entidad financista privada la que realiza la donación de esos USD 18 millones por año a un fondo denominado Galápagos Life Fund (GLF). Es decir, del servicio total de la nueva deuda (USD 1,6 billones), USD 333 millones (USD 18 millones por los 18,5 años que es el plazo de la nueva obligación) se entregarán, por orden del prestamista privado, al GLF.
Se constituye, por lo tanto, una donación privada, ya que, los recursos pagados por el gobierno, son una comisión que es propiedad del prestamista privado. Es exactamente igual a que si un funcionario publico cobra su sueldo y decide donar una parte de su ingreso a una fundación de caridad de su preferencia: es una donación con recursos provenientes de su salario, por lo tanto es de carácter absolutamente privado.
Pero entonces, el beneficio financiero de USD 1,1 billones que ha estado anunciando el gobierno es incluso mayor. Esos USD 333 millones, que están considerados como un pago dentro de los flujos financieros de la transacción, terminan regresando al país a través de una donación para el fin único de conservación de la Reserva Hermandad de las islas Galapagos. Por lo tanto, si queremos ser más exactos, para el país (no únicamente el gobierno) el beneficio sería de USD 1,43 billones, una cifra nada despreciable.
Ahora bien, ¿dónde está la diferencia entre los USD 333 millones que acabamos de encontrar y los USD 450 millones de los que ha comunicado el gobierno?
Para responder esto toca meterse más al detalle de cómo se reparten esos USD 18 millones por año. De ese monto, USD 13 millones por año van directamente a financiar temas de conservación marina en las Galápagos y USD 5 millones se direccionan a un fondo patrimonial. Estos últimos USD 5 millones por año, USD 92,5 millones durante el plazo de la operación, se pueden invertir y generar rendimientos que van a alimentar a ese mismo fondo, con el objetivo de que las actividades de conservación sean sostenibles en el tiempo.
Entonces, suponiendo un retorno del 7,5% por año sobre sus inversiones, el fondo patrimonial podría generar rendimientos por cerca de USD 115 millones durante los 18,5 años de la operación. Sumando los USD 333 millones de la donación, estaríamos hablando de USD 448 millones, una cifra muy cercana a la anunciada por el gobierno.
Los números son contundentes, financieramente es una operación muy beneficiosa para el país. Analicemos ahora el tema de la soberanía.
Primero, definamos que es soberanía. Luego de consultar mucha bibliografía, puedo simplificar diciendo que la soberanía es un bien intangible que pertenece a cada país y a su población, y básicamente consiste en una “autoridad suprema” que lo faculta a tomar sus propias decisiones sin intervención de terceros.
Ahora bien, ¿de qué manera podríamos estar comprometiendo la soberanía? El asunto podría ir por el lado de los compromisos de Ecuador como resultado de esta transacción. Para lograr toda esta espectacular operación financiera, el país tuvo que comprometerse a cumplir ciertas acciones en el tema de conservación, la mayor parte enfocada en el monitoreo y control de las embarcaciones pesqueras, así como también otras relacionadas con temas de gestión, investigación y desarrollo de tecnologías que ayuden a la conservación de la reserva marina de Galápagos.
Sin embargo, si vemos los temas, realmente no nos estamos comprometiendo a nada malo; al contrario, son cosas bastante lógicas y beneficiosas, al menos para la conservación de las Galápagos.
Existe una línea muy delgada entre mantener o ceder nuestra soberanía que, en este caso, se responde a través de una sencilla pregunta ¿nos comprometimos a algo que no queríamos hacer?
Revisemos el Decreto Ejecutivo 319 de 14 de enero de 2022, emitido por Guillermo Lasso, a través del cual se dispuso la creación de la “Reserva Marina Hermandad”, y donde se ordena a varios ministerios, entre esos el de ambiente y el de producción y pesca, emitir un plan de manejo de la reserva y generar herramientas para la gestión del área protegida. Son justamente estos dos ministerios los que suscriben los compromisos ambientales en el marco de la operación de canje de deuda por naturaleza.
Por lo tanto, queda claro que no nos obligaron a hacer algo que no queríamos, sino que el Ecuador aprovechó algo que quería hacer para implementar un mecanismo financiero que no solo permitió una reducción de la deuda pública y su servicio, sino también obtener una donación de carácter privada para financiar esas mismas actividades de conservación. Desde mi punto de vista, una operación beneficiosa por donde se la vea, y sin duda alguna el nuevo referente para las operaciones financieras con enfoque ambiental.
- Carlos Swanton es analista económico. Economista por Florida International University (FIU).
