La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador anunció este jueves que ha allanado la sede de la Prefectura de la provincia de Pichincha, en Quito, al investigar un caso de presunta malversación relacionado con el exvicepresidente Jorge Glas.
«En el marco de una investigación previa abierta por un presunto delito de peculado, la Fiscalía General del Estado -en coordinación con la Policía Nacional- allana la Prefectura de Pichincha y otra vivienda en Guayas, con el fin de recabar indicios», informó el Ministerio Público en un mensaje por la red social X (antes Twitter).
Asimismo, indicó que el allanamiento en Guayas a un domicilio de una persona investigada tenía como objetivo levantar «indicios electrónicos y también documentos que permitirán continuar» con la indagación del caso.
Este caso tiene que ver con una demanda por presunta extorsión que presentó Glas contra una exasesora suya, Soledad Padilla, quien por su parte ha acusado al exvicepresidente por una supuesta intimidación contra ella.
La acción fiscal busca determinar si se cometió un delito de malversación cuando la Prefectura, dirigida por la correísta Paola Pabón, contrató a Padilla, aunque su rol habría sido mantenerse cerca de Glas mientras estuvo en la cárcel, entre 2017 y 2022, condenado por un delito de asociación ilícita relacionado con la polémica trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht.
El Gobierno provincial de Pichincha, dirigido por Pabón, una de las principales dirigentes del correísmo, se lamentó por la acción del Ministerio Público liderado por la fiscal Diana Salazar, quien ha sido dura crítica de Correa.
La Prefectura mantiene que ya ha entregado la documentación requerida por la Fiscalía. «La Fiscalía y la Policía han allanado las instalaciones de una institución pública hoy, en jueves de feriado», apuntó la Prefectura en un comunicado en el que hizo notar que la acción fiscal se produjo el 2 de noviembre, cuando arrancaba en todo el país un puente festivo por el Día de Difuntos, que se extenderá hasta el próximo domingo.
«Lamentamos que la institucionalidad de este país siga prestándose para un burdo show mediático y no en la búsqueda de la verdad y transparencia», añadió la Prefectura.
El movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Correa, ha defendido a Glas y ha recriminado la conducta de Padilla y de su actual pareja, el legislador Ferdinand Álvarez, quien se ha desvinculado de ese grupo político.
Glas ha acusado a Padilla y Álvarez de grabar de forma ilegal conversaciones telefónicas y exigirle como extorsión unos 350.000 dólares, para no difundir las grabaciones.
Padilla, en cambio, ha acusado a Glas de amenazarle si ella no aceptaba tener una relación más cercana con él. EFE (I)