A tan sólo una semana del inicio del periodo de sesiones, las comisiones del correísmo, en la Asamblea Nacional, todavía maneja la agenda legislativa con secretismo.
Los últimos anuncios han estado encaminados a marcar una agenda personal de bancada y no a incluir prioridades relacionadas con las necesidades del país, sino a promover acciones de fiscalización o a plantear amnistías.
No obstante, el artículo 7 del reglamento de las comisiones no establece plazos, pero en el numeral 2 dispone «aprobar, a petición del presidente de la comisión, un plan general de trabajo».
Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana (RC), presidente de la Comisión de Fiscalización, convocó a la primera sesión de esta mesa legislativa el 28 de noviembre de 2023, para consensuar un plan de trabajo.
Aguirre dispuso conformar una mesa de coordinación para que, en un plazo de cinco días, se pongan en conocimiento temas como el energético, de salud, seguridad social, sector del transporte (puertos, aeropuertos), etc.
Sobre los trámites de juicios políticos, Aguirre señaló que «el momento que la bancada de RC, decida presentarlo tendrá que pasar por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que tiene que aprobarlo y luego será remitido a la Comisión», dijo.
Diario La Hora le preguntó sobre las investigaciones respecto de las presuntas irregularidades en la administración del entonces presidente Rafael Correa (que formaron parte de la indagación de Villavicencio), a lo que la correísta se limitó a responder «que las que apuntaban a la gestión de la Revolución Ciudadana “finalmente no registraron avances, no tienen informes de investigación, ni de archivo; quedaron allí, pero esas investigaciones no están en nuestras manos, deben estar en el expediente que dejó la secretaría de la anterior Comisión de Fiscalización», puntualizó.
Sin embargo, dijo que en la actual gestión «no tienen problema” en investigar al sector eléctrico “desde el año que quieran; desde el 91 o desde cuando deseen», concluyó.