En una decisión reciente, Ángel Torres Machuca, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), admitió a trámite la denuncia hecha por Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, en contra de Pabel Muñoz, alcalde de Quito, por una supuesta infracción electoral.
La providencia emitida este 23 de noviembre del 2023 indica que el juez Torres Machuca procedió a admitir la denuncia una vez que Guarderas aclaró los detalles de la acusación presentada.
Dentro del marco de esta causa, el juez determinó un peritaje a las redes sociales del Municipio de Quito y del movimiento correísta, al que pertenece Pabel Muñoz, fundamentando la denuncia de Guarderas, la cual sostiene que Muñoz se involucró de forma indebida en la pasada campaña presidencial a favor de la excandidata a la presidencia Luisa González.
Como forma del proceso, el juez le ha dado a Pabel Muñoz un lapso de cinco días, a partir de su citación por el organismo, para que presente su respuesta a la denuncia.
La partes involucradas deberán comparecer el 27 de diciembre del 2023 a las 10:00 para la realización de la audiencia oral de prueba de alegato, la cual realizará en la sede del TCE, en Quito, de acuerdo con lo estipulado en la providencia emitida por el juez Torres Machuca.
Pabel Muñoz aún no se ha pronunciado tras conocerse la decisión del juez del TCE, pero antes, cuando Guarderas hizo la denuncia, indicó que esto es «un intento de desestabilizar y entrar por la ventana al Municipio de Quito«.
«Lo que no ganan en la urnas quieren imponer manipulando a la justicia electoral», también manifestó el alcalde de Quito, quien aseguró que responderá a las autoridades sobre lo que considera una «infamia».
Durante la campaña por la Presidencia de Ecuador, Muñoz estuvo en varios videos junto a Luisa Gonzales, la candidata de la RC5 que perdió ante Daniel Noboa, en una serie de ofertas para la ciudad de Quito. Por tal motivo Guarderas lo denunció por hacer proselitismo político sin haber solicitado licencia en sus labores como alcalde.
«Al ser un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, no puede inducir al voto a favor de una tendencia política», dijo Guarderas a través de un comunicado.
La denuncia fue hecha en su calidad de ciudadano y no como como consejero, expuso Guarderas.
De acuerdo con el art. 278, numeral 3, del Código de la Democracia determina una infracción electoral grave cuando: «Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promueva aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato».
Ecuavisa informa que esta infracción es sancionada con multas de 11 a 20 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.