El Consejo de Administración Legislativa, CAL, avocó conocimiento, este viernes 1 de diciembre, de la solicitud de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a pedido del bloque correísta.
En virtud de ello y de acuerdo con el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el CAL solicitó a la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) que emita, en un plazo máximo de tres días, un informe técnico – jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos respecto a la solicitud en referencia.
Tanto el Gobierno del presidente Daniel Noboa, como el bloque legislativo del Partido Social Cristiano, han advertido que no votarán a favor de la realización del juicio político.
El proceso fue presentado por la asambleísta del correísmo Gisella Garzón, y se basa en un supuesto «incumplimiento de funciones».
La fiscal Diana Salazar, que acusó al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Glas, y otros cinco exministros del entorno cercano de Correa, de formar una banda de cobraba sobornos a contratistas públicos (por lo que todos fueron condenados a ocho años de prisión, en última instancia) sostiene que el juicio político en su contra, es una venganza.
